La tensión institucional y financiera sumó un nuevo capítulo en el ámbito legislativo tras las recientes declaraciones del diputado Alejandro Aguilera, quien salió al paso de las presiones sectoriales y remarcó la necesidad de resguardar la autonomía del Banco Central del Paraguay.
El debate se intensificó luego de que la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) emitiera un postura crítica en la que cuestionó un informe de la banca matriz sobre la supervisión e informe respecto a Ueno Bank, tildándolo de «incompleto», al tiempo de exigir una mayor transparencia, la aplicación de medidas correctivas de forma inmediata y un criterio de trato igualitario para todas las entidades del sistema bancario.
Ante la insistencia periodística sobre los pronunciamientos empresariales y el gremialismo bancario, el legislador sostuvo que la institución encargada de regular el sistema financiero debe actuar con estricta independencia y transparencia, sin ceder ni responder a intereses particulares. Una consulta sobre el pronunciamiento de Asoban derivó en una firme defensa de la autonomía del organismo supervisor, donde Aguilera rechazó de manera categórica que la postura o los reclamos de un gremio deban condicionar la labor del regulador. A su criterio, la discusión institucional debe centrarse exclusivamente en la actuación formal de la entidad y en el análisis estricto de las pruebas disponibles.
“No debe responder a la Asoban ni a ninguna organización, ni a ningún sector político ni económico. Les guste o no les guste, debe ser así”, manifestó el diputado durante el intercambio mantenido con la prensa. Su postura expuso una diferencia de fondo entre escuchar los cuestionamientos normativos planteados por un sector del mercado y permitir que las decisiones operativas y de supervisión sean dirigidas o marcadas por el mismo grupo de entidades supervisadas.
Al ser consultado sobre el impacto de la controversia en la reputación internacional del país, Aguilera reafirmo su postura argumentando que los reconocimientos externos que recibe la presidencia del BCP deben ponderarse dentro del análisis global. Del mismo modo, el legislador situó el trasfondo de la disputa en lo que calificó directamente como una pugna o guerra entre potentes grupos económicos.
En esa misma línea, dirigió un severo cuestionamiento hacia aquellos sectores que, a su juicio, se acostumbraron a manejar y enriquecerse con los recursos del Estado. Aunque en ese pasaje del diálogo evitó identificar de forma explícita a firmas o compañías con nombre y apellido, dejó sentado que existen claros intereses económicos impulsando y alimentando la confrontación.
Por último, Aguilera fijó una condición concreta para sostener su respaldo a las máximas autoridades de la banca matriz. Aclaró que si se llega a demostrar formalmente que el titular del organismo incurrió en actuaciones indebidas, acompañará los pedidos de destitución correspondientes. No obstante, enfatizó que hasta que eso ocurra, la presión mediática o pública no puede suplantar la validez de las pruebas ni convertirse en un factor de desestabilización que debilite la independencia institucional del regulador financiero.
