Un lapidario informe técnico y legal de la Contraloria General de la República (CGR) sobre el uso de recursos especiales (otorgados por las Leyes N° 5255/14 y N° 6145/18 para distritos sede de monumentos históricos) expone graves irregularidades administrativas durante el periodo fiscal 2022 en la municipalidad a cargo del exintendente del distrito Jesús Tavarangüe, Itapúa.
Por Diana Centurión (dianacenturionm)
Perjuicio investigado: La CGR detectó un presunto perjuicio patrimonial totalizado en G. 2.440 millones, de los cuales G. 2.100 millones corresponden a la administración fiscalizada y G. 4.000 millones a gestiones anteriores, destacándose un desglose de G. 1.500 millones con observaciones por fraccionamiento irregular.
Irregularidades en obras y pagos: El informe detalla faltantes documentales, órdenes de pago sin respaldo suficiente, diferencias entre órdenes emitidas y cobros de terceros, así como obras adjudicadas con 0% de avance o inconclusas (como calles empedradas, la dáquea de la Avenida Bernardino Caballero, desagües, el proyecto de la laguna, la iglesia de Jesús y espacios temáticos).
Involucrados y coartadas: Las indagaciones salpican a diversos funcionarios, exconcejales, tesoreros (como Hugo Javier Paniagua) y contratistas (como Roque Ortiz Gordón, Sonia Vítes y Construcciones Martínez) que cobraron montos millonarios sin que existieran respaldos válidos, constancias de avance de obras ni la debida intervención de la Junta Municipal.
Calificación jurídica: Desde el punto de vista del Ministerio Público, la conducta del intendente Víctor Bernardo Garay y los implicados encuadra en el tipo penal de lesión de confianza (Art. 192, incisos 1 y 2, en concordancia con el Art. 29 del Código Penal), configurándose además como un caso especialmente grave, con una expectativa de pena de hasta 6 años de pena privativa de libertad, al haberse desatendido los deberes constitucionales y legales de salvaguardar el patrimonio público.
El ex intendente Víctor Bernardo Garay Olmedo (ANR) de Jesús Tavarangüe fue acusado por presunta lesión de confianza tras detectarse un supuesto faltante durante su gestión en el periodo fiscal 2022. Se señala un daño patrimonial que asciende a los G. 2.440 millones.
