El Ministerio Público ejecutó un procedimiento de intervención en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), institución que arrastra un millonario perjuicio patrimonial estimado en 18.000 millones de guaraníes en concepto de falta de transferencia de aportes obrero-patronales retenidos a los trabajadores y deudas acumuladas por arrendamiento de inmuebles pertenecientes a la previsional.
El centro de estudios superiores se encuentra fuertemente bajo la lupa debido a los vínculos políticos que lo atraviesan, especialmente por la figura de Jorge «Turi» Capello, quien se desempeñaría como vicerrector de la casa de estudios y ocupa de manera simultánea el estratégico cargo de secretario privado de la Presidencia la República.
Las pesquisas en torno a la universidad privada comenzaron a tomar fuerza a raíz de denuncias formales presentadas por la asesoría jurídica del Instituto de Previsión Social, las cuales apuntaban inicialmente a esquemas de evasión fiscal y retención indebida de fondos que debían ser destinados a la seguridad social del plantel docente y administrativo. De acuerdo con los antecedentes del caso, el monto global reclamado engloba tanto pasivos históricos generados a lo largo de más de una década como compromisos insatisfechos por el usufructo de bienes inmobiliarios del ente previsional ubicados en puntos estratégicos de Asunción. Ante la falta de respuestas administrativas y los constantes litigios dilatorios, el Consejo del IPS intensificó las medidas exigiendo incluso al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) junto con la comuna capitalina la inhabilitación operativa del establecimiento.
La presencia de Capello en la estructura directiva de la universidad salpicada por el millonario descalabro financiero abrió un intenso debate público sobre la transparencia institucional y los posibles conflictos de intereses en las altas esferas del Ejecutivo.
Fuente: juankilezcano
