El Congreso Nacional se convirtió en el escenario de una definición tras la abrupta caída y renuncia del presidente de la República, Santiago Peña. Lejos de aceptar la dimisión como un punto final que permita dar vuelta la página, los legisladores de la Cámara Alta cerraron filas con un claro objetivo de fondo: evitar por todos los medios que el mandatario saliente logre eludir a la Justicia bajo el amparo de los fueros políticos.
La crisis institucional estalló de manera incontrolable luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la resolución e intervención de Ueno Bank, una entidad privada estrechamente vinculada a la gestión de Peña y que había recibido millonarios recursos públicos. Acorralado por la presión social, el presidente grabó un mensaje de despedida desde la residencia presidencial Mburuvicha Róga, donde aseguró que su salida buscaba garantizar la estabilidad democrática y la paz social, afirmando que ningún cargo está por encima del bienestar del país. Sin embargo, para la oposición y diversos sectores del Congreso, el paso al costado tiene una lectura diferente: un intento desesperado de buscar refugio legal.
La diferencia jurídica es determinante. Si el Parlamento acepta pura y simplemente la renuncia, Peña mantendrá fueros que le permitirán blindarse frente a cualquier investigación penal. Por el contrario, si el Senado insiste en seguir el proceso de destitución, el mandatario quedará expuesto a someterse directamente al proceso judicial. Con esa premisa de no permitir impunidad, la Cámara de Diputados ya dio un golpe contundente al aprobar por unanimidad, con 78 votos, el libelo acusatorio.
La presión se trasladó inmediatamente a la Cámara de Senadores, donde tras las reuniones de bancada se convocó a una sesión extraordinaria urgente para las 17:00 horas. El líder de la bancada oficialista de la ANR, el senador Natalicio Chase, confirmó que el cuerpo legislativo analizará la renuncia en el marco de los pasos constitucionales obligatorios.
Por su parte, el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Ever Villalba, fue categórico al señalar que el consenso general es continuar con el juicio político porque «la gente espera» que el exmandatario rinda cuentas claras ante los tribunales.
En la misma línea, la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, advirtió que la ciudadanía exige que Peña sea procesado firmemente y no se le permita abandonar el país llevándose recursos que pertenecen a la gente. Con el reloj corriendo hacia la sesión de esta tarde, el Senado tiene la llave para decidir si el caso se cierra con impunidad o si se abre la puerta a la justicia.
