La Fiscalía General del Estado ha dispuesto el apoyo técnico y operativo de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales para coadyuvar con el equipo investigador en el marco de las diligencias vinculadas a la causa de ueno bank.
Por Diana Centurión (dianacenturionm)
La medida busca identificar y tramitar de manera ágil los requerimientos probatorios que deban ser remitidos al exterior a medida que avancen las citaciones indagatorias y el análisis del caso.
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, confirmó que su dependencia se encuentra abocada a la revisión de la voluminosa documentación acumulada. Según los datos brindados por la fiscal adjunta coordinadora, Nancy Salomón, y el fiscal del caso, Francisco Cabrera, la denuncia inicial consta de aproximadamente 200 páginas, a las que se suman más de 2.000 páginas de informes digitalizados adjuntos.
A partir del análisis exhaustivo de este material, el Ministerio Público ya contempla la necesidad potencial de remitir exhortos y solicitudes de información formal al Gran Ducado de Luxemburgo y a los Estados Unidos.
En el caso de Luxemburgo, la línea de indagación obedece a datos de fuente abierta que señalan que en dicha jurisdicción operan, al menos desde el año 2023, la casa matriz y la firma controladora del ecosistema empresarial al que pertenece la entidad financiera.
Respecto a la tipificación de los hechos e indicios específicos como posible lavado de dinero u otras irregularidades patrimoniales, Doldán enfatizó que la formulación de cargos y requerimientos penales es competencia exclusiva de los agentes fiscales designados. Su rol se centra en gestionar las herramientas de cooperación jurídica internacional necesarias para la localización, rastreo, incautación, aseguramiento y eventual comiso de activos o bienes que los implicados, entre ellos Miguel Vázquez, pudieran poseer en el extranjero.
Las autoridades remarcaron que el manejo de estas solicitudes internacionales se mantendrá en reserva estricta para garantizar la eficacia del proceso investigativo y evitar el entorpecimiento de las medidas tendientes a la recuperación de activos.
