El Ministerio Público formalizó una investigación penal que involucra a un total de 27 personas, divididas entre exdirectivos de ueno bank S.A. y representantes, accionistas o beneficiarios finales de diversas empresas vinculadas dentro de la Causa N.º 89/2026, caratulada «Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de Confianza y otros».
Por Diana Centurión (dianacenturionm)
Este grupo de 27 procesados se desglosa en dos bloques principales de acuerdo con su rol dentro del esquema financiero investigado por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera.
En primer lugar, la imputación penal alcanza a 8 personas físicas que integraban la alta plana directiva y de fiscalización de ueno bank S.A., específicamente Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelos González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos. A este grupo de directivos se les atribuye haber autorizado y permitido operaciones crediticias irregulares que comprometieron de manera negativa los activos del banco y los recursos de los ahorristas, llevándolo a una situación de insuficiencia de solvencia que motivó su intervención por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).
En segundo lugar, la nómina de imputados comprende a 19 personas físicas que operaban como accionistas, beneficiarios finales, presidentes o directores de las sociedades prestatarias y de intermediación financiera utilizadas para el desvío y la triangulación de fondos, tales como MOWI S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., TUIU S.A., FRANEDE S.A. y AIME S.A. Corredores de Seguros. Entre estos 19 actores corporativos se encuentran José Augusto Sala Cardozo, Sergio Amado Pizurno Zsarán, Vanessa Esther Godoy Ayala, Oscar Urdapilleta, César Javier Mengual Mazacotte, Miguel Ángel Garay, César Manuel Astigarraga Lambare, Luis Ernesto Angulo Rivera, Guillermo Vázquez Muniagurria, Diego Sebastián Gómez Arce, Luis Fernando Ríos Espinola, André Gayol Pires, Nicolás S. Di Iorio Olivares, Rodrigo Ramón Franco Ortiz, Mauro Vargas Wildberger, Cecilia Domínguez Elizeche, Martín Vargas Wildberger, Gloria Villasanti Farinha y Raúl Fernando Sánchez Gómez.
Para todos los integrantes de este conjunto de 27 imputados, la representación fiscal ha solicitado medidas cautelares concretas ante el Juzgado Penal de Garantías. Para Federico Miguel Vázquez Villasanti, considerado el eje central del esquema por su doble rol como vicepresidente del banco y controlante de las sociedades receptoras, se requirió prisión preventiva debido al peligro de fuga y obstrucción. Para los demás directivos del banco se solicitó arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica, prohibición de salir del país y cauciones, mientras que para los 19 directivos y accionistas de las empresas del grupo se pidieron medidas alternativas que incluyen la prohibición de salir del país y la prestación de cauciones personales o reales.
Asimismo, sobre la totalidad de estos 27 procesados y las 7 personas jurídicas vinculadas, la Fiscalía requirió la inhibición general de vender y gravar bienes y la inmovilización preventiva de cuentas bancarias en el sistema financiero.
