Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) presentó un pedido formal para apartar temporalmente de sus cátedras de Deontología y Derecho Administrativo a Marco Aurelio González, exmiembro del Banco Central del Paraguay y figura señalada como cercana al presidente Santiago Peña.
Los universitarios argumentan que, aun respetando la presunción de inocencia, resulta indispensable suspender al docente de sus funciones académicas hasta que se esclarezca por completo su situación procesal. El caso ha generado un intenso debate dentro del predio universitario, donde la resolución final queda ahora en manos del Consejo Directivo de la institución, que deberá pronunciarse en los próximos días sobre la continuidad de González al frente de las aulas.
La controversia ha salpicado de lleno a la representación estudiantil, encendiendo duras críticas contra los dirigentes Bruno Ramírez y Jonathan «Chocho» Chaves por su sugestivo silencio ante el reclamo de sus pares. Ambos representantes habían respaldado públicamente la candidatura de González al decanato de la facultad, una postulación sumamente cuestionada en su momento por la presunta incompatibilidad legal entre dicho cargo académico y su función en el BCP, dado que la normativa exigiría dedicación exclusiva en ambas instituciones. Este alineamiento político previo pone bajo la lupa los verdaderos motivos de la inacción de los referentes universitarios.
Las sospechas de presuntos intercambios de favores políticos empañan la gestión de la dirigencia estudiantil. En el caso de Chaves, en el ámbito académico se señala la posibilidad de que haya accedido a cargos en la función pública como contraprestación a su apoyo manifiesto a la candidatura de González. Por su parte, Ramírez aspira actualmente a la reelección como representante estudiantil desde la carrera de Ciencias Políticas, a la cual ingresó tras haberse graduado previamente como abogado, una postulación que despierta severos interrogantes sobre los intereses reales que impulsan su permanencia en los estamentos de gobierno universitario.
A las dudas sobre la idoneidad y motivaciones de los dirigentes se suma un profundo malestar por la falta de avances concretos para el alumnado, ya que tanto a Ramírez como a Chaves se les reprocha no haber promovido mejoras significativas en las condiciones de la comunidad estudiantil durante el ejercicio de sus cargos. El descontento se agrava con denuncias de presunto favoritismo y tratos de favor: señalamientos internos indican que Luciana Isasi, compañera de fórmula de Chaves, habría incurrido en una doble matriculación durante el decanato de Carlos González Morel, una maniobra prohibida de forma estricta por el reglamento general pero que habría sido omitida para un sector de privilegiados allegados a la cúpula dirigencial.
