Ante una comisión especial creada para investigar irregularidades en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra—presidida por el senador liberal Líder Amarilla—, la organización conocida como la Secta Moon aseguró haber sido víctima de un despojo masivo de 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco paraguayo.
La presentación formal estuvo a cargo de Michelle Byun, identificada como la presidenta del grupo, y del abogado Francisco de Vargas, exministro y representante legal de la organización. Según explicaron ante el legislativo, la pérdida de los inmuebles rurales se originó en el marco de una demanda impulsada por un antiguo miembro de la congregación. Sin embargo, advirtieron que dicho fallo judicial violó de manera directa la Ley de Seguridad Fronteriza.
Lo más delicado de la acusación apunta a que estas valiosas tierras estarían siendo transferidas de forma irregular a cuatro empresas de maletín vinculadas a Kiantar Betancourt, un ciudadano colombo-estadounidense señalado como estrecho socio de Gonzalo Peña, hijo del expresidente Santiago Peña.
De acuerdo con lo detallado por el abogado Francisco de Vargas, el trasfondo económico de esta presunta maniobra sería millonario. El plan de Betancourt y del hijo del exmandatario consistiría en utilizar la inmensa superficie chaqueña para la comercialización masiva de bonos y créditos de carbono a corporaciones multinacionales. Estas firmas buscan permanentemente compensar su huella ambiental, cumplir con metas globales de sostenibilidad o responder a exigencias de mercados regulados internacionales.
Para sostener su acusación, la defensa de la Secta Moon remarcó que los involucrados han realizado viajes internacionales conjuntos a países como Estados Unidos y Dubái con el claro objetivo de negociar estos créditos verdes. Cabe recordar que el comercio de estos activos en el país se encuentra amparado bajo la Ley N.° 7190, la cual fue sancionada por un Congreso de mayoría cartista y promulgada el 12 de octubre de 2023 por el propio Santiago Peña, a pocos meses de haber asumido el poder.
Asimismo, los denunciantes cuestionaron duramente el rol de diversas dependencias del Poder Ejecutivo, entre las que mencionaron a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa. Según los representantes del grupo religioso, estas instituciones habrían ignorado olímpicamente las advertencias previas sobre el caso, aunque confían en que ahora comiencen a ejercer las acciones judiciales correspondientes.
El caso cobra mayor relevancia institucional si se consideran antecedentes recientes de la causa. Meses atrás, la propia Fiscalía imputó a Michelle Byun por presuntamente haber recibido inmuebles de la Secta Mundial como pago en concepto de honorarios profesionales, a pesar de que dichos bienes ya se encontraban formalmente embargados por la justicia. Con nuevos nombres, cifras alarmantes y sospechas de negocios ambientales a gran escala, el caso promete seguir generando fuertes repercusiones políticas en el país.
