El Ministerio Público amplió la imputación contra el expresidente de la República, Santiago Peña incorporando el hecho punible de asociación criminal en calidad de autor, un delito que se añade a los cargos de lesión de confianza y administración en provecho propio por los que ya cumplía prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.
La medida no alcanza únicamente al exmandatario destituido. La ampliación de la imputación salpica directamente a la cúpula que manejó el ente regulador de la banca matriz. Entre los procesados figura el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, a quien se le atribuye presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Junto a él quedaron acorralados el exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán Ibarrola, imputado por lesión de confianza grave, así como los exdirectivos del BCP Liana Emilce Caballero Krauze, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado, detenidos tras el avance de las pesquisas.
Según el documento de la Fiscalía, la trama no responde a irregularidades aisladas, sino a una verdadera estructura organizada y jerárquica incrustada en el propio aparato estatal. La hipótesis fiscal sostiene que el propósito del grupo era subordinar el sistema financiero y las entidades de control a los intereses particulares del conglomerado empresarial Grupo Vázquez y Ueno Bank.
Para lograr ese cometido, Santiago Peña habría ubicado y mantenido estratégicamente en puestos clave a personas de su extrema confianza o con vínculos corporativos previos. El mapa de poder comenzaba con Carvallo —expresidente de Financiera Ueno— al frente del BCP, seguía con Insfrán en la Superintendencia de Bancos y se completaba con Caballero, Mora y González ocupando los sillones del Directorio del organismo regulador.
Los investigadores apuntan a que Peña mantuvo simultáneamente su investidura presidencial y una activa participación accionaria en Ueno Holding SAECA. Entre sus bienes figuraban 6.144 acciones valoradas en G. 6.144.000.000 (1,58% de participación), un Certificado de Depósito de Ahorro por G. 2.400.000.000 en Banco Ueno y un bono de G. 350.000.000 en ITTI SAECA, sumando un patrimonio de G. 8.894.000.000 en el grupo. A esto se suma un préstamo personal por G. 3.548.000.000 recibido del banco para construir su mansión de verano en San Bernardino, cuyas cuotas mensuales de G. 239.000.000 superaban ampliamente su salario presidencial de G. 37.908.800.
Las maniobras investigadas habrían facilitado operaciones millonarias altamente cuestionables. Entre ellas sobresale la aprobación del Consejo de Administración del IPS para comprar bonos financieros de Ueno Bank por G. 250.000.000.000 a 7 años de plazo, concretada apenas 48 horas después de reuniones bilaterales en la sede gubernamental. El perjuicio patrimonial total calculado por el Ministerio Público asciende a una astronómica cifra que supera los US$ 809 millones, desglosados en G. 3.608.550.782.201 (US$ 576,1 millones) y US$ 233.400.495.
Con la adición del delito de asociación criminal, la causa cobra una nueva dimensión jurídica. Más allá de las expectativas de cárcel, la figura de asociación abre legalmente los candados para investigar un posible esquema de lavado de dinero y seguir la ruta de los activos a nivel internacional, buscando determinar el destino de los fondos robados y recuperar los bienes del Estado.
