El Ministerio Público formalizó una ampliación de la imputación en el marco de la causa investigada, incorporando el hecho punible de asociación criminal para todos los involucrados, incluidos exaltas autoridades nacionales y exdirectivos del Banco Central del Paraguay.
La decisión fue confirmada por el fiscal Christian Benítez tras las diligencias desarrolladas en la sede fiscal, donde parte de los convocados compareció aunque optó por abstenerse de prestar declaración indagatoria.
La nueva formulación fiscal abarca a figuras clave de la administración anterior, tales como el expresidente de la República, el expresidente del BCP, el exsuperintendente de Bancos y los tres exmiembros del directorio recientemente detenidos. Según detalló el representante del Ministerio Público, los tipos penales atribuidos varían de acuerdo al grado de participación y a la magnitud de las conductas fácticas analizadas por el equipo fiscal.
A uno de los exdirectivos se le atribuyen cuatro hechos punibles: asociación criminal, lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Para los otros dos exmiembros del directorio, la imputación comprende los delitos de lesión de confianza y asociación criminal. Debido a la mayor cantidad de circunstancias fácticas y la gravedad de las conductas reprochadas en uno de los casos, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que para los demás procesados requirió arresto domiciliario con control telemático mediante tobillera.
En paralelo a las medidas personales, el equipo fiscal requirió diversas disposiciones patrimoniales con el objetivo de precautelar eventuales reparaciones del daño ocasionado y asegurar el activo para un futuro comiso de bienes. Entre las medidas solicitadas figuran la inmovilización y congelamiento de cuentas bancarias, así como la prohibición de innovar y de gravar bienes, orientadas a salvaguardar el patrimonio en el marco del proceso.
Consultado sobre la situación jurídica del expresidente de la República, el fiscal Benítez aclaró que la inclusión del tipo penal de asociación criminal no modifica de manera sustancial la expectativa máxima de pena, la cual se mantiene en un marco de hasta 15 años de privación de libertad, considerando además que la lesión de confianza constituye un delito precedente previsto para el lavado de activos. Asimismo, el agente fiscal evitó individualizar públicamente a los procesados de forma pormenorizada para resguardar la presunción de inocencia y garantizar la objetividad de la investigación, señalando que la aplicación formal de las medidas cautelares queda ahora bajo entera competencia del órgano jurisdiccional.
