La caída de ueno bank sacudió con fuerza los cimientos políticos y financieros, marcando un hito dramático que terminó expulsando de la presidencia a Santiago Peña. Frente a esta turbulencia, la calificadora de riesgos Moody’s emitió un informe en el que advierte que los acontecimientos ponen en relieve persistentes debilidades institucionales y de gobernanza ligadas a un largo historial de débil control de la corrupción y limitada efectividad gubernamental.
Pese al terremoto político y bancario, la agencia indicó que no espera un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano de Paraguay, respaldado por un fuerte crecimiento económico y una carga de deuda pública relativamente baja, calculada alrededor del 38% del PIB.
El detonante técnico ocurrió el 3 de noviembre, cuando el BCP anunció que sometía a Ueno a un proceso de resolución debido a que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo regulatorio, tras los ajustes realizados en sus estados financieros durante su proceso de regularización. Para dimensionar el golpe, a septiembre último la entidad representaba el 8% de los créditos y el 9% de los depósitos de todo el sistema bancario. La quiebra califica negativamente al sector, aunque Moody’s confía en que los riesgos sistémicos se mantengan contenidos mediante un proceso rápido y ordenado.
Asimismo, la agencia detalla que el pasivo contingente para el gobierno parece limitado, ya que los costos fiscales directos dependerían de un eventual apoyo de liquidez del BCP al fondo de garantía, recordando que el uso de dicho fondo para iniciar reembolsos no implica un costo fiscal inmediato a menos que entidades públicas incurran en pérdidas sobre saldos no recuperados.
El trasfondo institucional también rozó la cúpula del ente monetario. En el ojo de la tormenta se encuentra el expresidente del BCP, Carlos Carvallo, quien anteriormente se había desempeñado como presidente de Financiera Ueno, y quien tras dimitir a su cargo quedó detenido y procesado penalmente. Esto ha generado profunda inquietud pública sobre la independencia supervisora del BCP y la protección de los activos. Moody’s recuerda que las puntuaciones de Paraguay en los Indicadores Mundiales de Gobernanza, incluyendo control de la corrupción, efectividad gubernamental y Estado de derecho, se sitúan de forma sistemática en el percentil 25 o por debajo entre los soberanos evaluados, por debajo de la mediana de sus pares con calificación Baa.
Aunque reformas recientes como la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Ley de Modernización de la Administración Financiera del Estado, la Ley de Alianza Público-Privada, la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y la reforma de 2026 de la Caja Fiscal han mejorado la efectividad en los últimos años, persisten desafíos de implementación, tal como lo evidencian la quiebra de Ueno y los inesperados atrasos fiscales del gobierno anunciados el 2025.
A pesar de estos nubarrones, la agencia crediticia prevé que un gobierno encabezado por Pedro Alliana mantendría el actual marco de política económica, respaldando la disciplina macro fiscal, el crecimiento, una baja inflación y el mantenimiento del régimen de metas, además de una política fiscal centrada en la contención del gasto y contraria al aumento de impuestos. El BCP ya ha señalado que alrededor del 97% de los depositantes estaría totalmente cubierto por el fondo de garantía de depósitos, el cual contaba a septiembre de 2026 con una sólida liquidez de US$ 1.600 millones, equivalente aproximadamente al doble de los depósitos asegurados de Ueno.
Finalmente, Moody’s dice que una transición ordenada es clave para asegurar la continuidad y la adopción oportuna de decisiones de resolución, advirtiendo que una incertidumbre prolongada en torno a la transición política y una mayor inestabilidad podrían deteriorar la confianza de los inversores.
