El Ministerio Público emitió una histórica imputación contra el expresidente de la República Santiago Peña el extitular del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo Spalding, destapando una presunta estructura montada para direccionar millonarios fondos públicos y previsionales hacia ueno bank, entidad estrechamente vinculada al conglomerado empresarial del Grupo Vázquez.
El aspecto más interesante revelado por la fiscalía radica en la constatación de una operación de «venta simulada de cartera» por más de 74 millones de dólares efectuada el 15 de junio de 2026 a favor de la firma Vinanzas S.A. Dicha transacción estuvo financiada indirectamente con préstamos otorgados por el propio banco con el único fin de maquillar los balances, eludir los límites regulatorios y ocultar los excesos de exposición con empresas vinculadas.
La investigación detalla además que, pese a las múltiples alertas técnicas emitidas por los órganos de supervisión sobre el déficit patrimonial, la cúpula del BCP permitió que la entidad continuara operando y lanzara agresivas campañas de captación de depósitos ofreciendo reintegros del 50% hasta noviembre de 2026. Esta maniobra engrosó artificialmente el pasivo garantizado y provocó que, al declararse la resolución forzosa del banco por una solvencia inferior al 50%, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) debiera asumir un perjuicio astronómico e injustificado para indemnizar a los ahorristas que ingresaron durante la prórroga tolerada desde el propio regulador.
El escrito fiscal pone al descubierto llamativas coincidencias y nexos colaterales, tales como la emisión de facturas por servicios de consultoría de la esposa del titular del BCP al Grupo Vázquez en momentos clave del proceso, las reuniones reservadas en la casa presidencial entre Peña y el líder del holding, además del hallazgo de cerca de 200.000 dólares en efectivo sin bancarizar guardados en un sector privado de Mburuvicha Róga.
El Ministerio Público expone además en la página 10 de la imputacion que apenas 48 horas después de dos reuniones secretas mantenidas en el despacho presidencial los días 22 y 27 de agosto de 2024 entre el entonces mandatario Peña y entonces titular del IPS, Jorge Brítez, el Consejo de Administración de la previsional aprobó contra reloj la compra masiva de bonos financieros de ueno bank por la friolera de 250.000 millones de guaraníes a un plazo de 7 años y con una tasa del 8%. Esta millonaria colocación estatal elevó los depósitos del IPS en la entidad al 10,19% de su cartera de inversiones —violando el límite del 10% por entidad— y se imbricaba directamente con los profundos lazos corporativos del propio jefe de Estado. El expediente detalla que Peña había adquirido en marzo de 2019 acciones preferidas de Credicentro (luego ueno Holding) por G. 1.500 millones y, al asumir la presidencia en agosto de 2023, declaró un patrimonio neto de más de G. 23.000 millones (un salto del 1.603% respecto a su declaración del 2017), registrando además activos en el conglomerado del Grupo Vázquez por más de G. 8.800 millones que incluían 6.144 acciones en ueno Holding (equivalentes al 1,58%), un Certificado de Depósito de Ahorro en Banco ueno por 2.400 millones y un bono en ITTI S.A.E.C.A. por G. 350 millones, todo un engranaje de intereses cruzados que coronó a ueno bank como el primer receptor de fondos estatales en dólares y el segundo en guaraníes antes de su estrepitosa caída.
Ante la gravedad de los hechos —calificados provisionalmente como lesión de confianza, producción de documentos falsos y administración en provecho propio—, el equipo fiscal solicitó formalmente la prisión preventiva de ambos procesados, además de la inhibición general de enajenar y gravar bienes y la inmovilización de activos financieros para blindar el proceso.
