Después del reciente juicio político a Santiago Peña, las autoridades de las distintas instituciones públicas parecen haber descubierto de repente el valor para pronunciarse y actuar contra el Grupo Vázquez.
Sin embargo, en medio de esta supuesta reacción tardía, surge una pregunta ineludible que interpela directamente a la justicia: ¿quién investiga a los funcionarios que entregaron y movieron los fondos públicos hacia Ueno Bank?
La magnitud de la concentración de recursos estatales en dicha entidad financiera supera cualquier margen de discrecionalidad administrativa. Al cierre de septiembre de 2026, Ueno concentraba aproximadamente G. 3,6 billones y US$ 233,4 millones provenientes del erario público. Lejos de tratarse de una casualidad financiera, detrás de estas cifras se encuentra una red de decisiones institucionales perfectamente trazables que hoy exigen rendición de cuentas, más allá de los comunicados posteriores o las denuncias formalizadas a última hora.
Entre las entidades involucradas destaca Itaipú, bajo la dirección de Justo Zacarías Irún, la cual registró colocaciones promedio de US$ 49,8 millones y G. 27.703 millones. A su lado figura la otra binacional, Yacyretá, encabezada por Luis Benítez, cuyos montos exactos todavía aguardan un proceso riguroso de transparencia pública. Por su parte, el IPS, gestionado bajo administraciones como la de Jorge Brítez y con Hugo Díaz al frente de Inversiones, canalizó colocaciones que treparon hasta los G. 2,2 billones.
El Ministerio de Economía y Finanzas liderado por Óscar Lovera, también tiene la imperiosa obligación de explicar los destinos y resguardos de los G. 250.000 millones correspondientes a la Caja Fiscal. Estos recursos provienen del esfuerzo mensual de los funcionarios que aportan para sostener jubilaciones ya de por sí restrictivas y hoy puestas en serio riesgo. A este panorama se suman la ANDE, con exposiciones publicadas de US$ 46 millones y G. 36.000 millones; la Caja de Jubilaciones de la ANDE, con G. 43.093 millones; y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), con G. 41.300 millones. El esquema se completa con las operaciones de conatel, bajo la conducción del ingeniero Juan C. Duarte, además de otros organismos del Estado que facilitaron la concentración de capitales.
Ante semejante volumen de dinero expuesto, las interrogantes sobre las responsabilidades individuales se multiplican. ¿Quiénes autorizaron las colocaciones? ¿Quiénes firmaron los dictámenes técnicos y jurídicos que avalaron estas operaciones? ¿Quiénes conocían los riesgos reales de estas transacciones? Del mismo modo, corresponde interrogar el rol de los organismos de control: ¿qué hicieron Carlos Carvallo y Holger Insfrán desde sus puestos de máxima responsabilidad en la supervisión bancaria?
Pretender presentarse como meras víctimas después de consumado el desastre institucional y financiero resulta inaceptable. El manejo discrecional de los depósitos estatales responde a dinámicas de contubernio y réditos compartidos que benefician a unos pocos mientras debilitan al Estado. La Fiscalía General tiene el deber ineludible de investigar a toda la cadena de funcionarios involucrados y formular imputaciones formales contra quienes hayan participado de manera dolosa en estas operaciones, sin importar sus cargos institucionales ni su cercanía política con el expresidente Peña o con el actual mandatario, Pedro Alliana.
Mientras los órganos persecutorios demoran las pesquisas sobre posibles enriquecimientos indebidos, el dinero de la ciudadanía permanece expuesto, sin la garantía de una recuperación integral por parte del Fondo de Garantía de Depósitos. Las denuncias tardías no borran las culpas originales ni eximen de responsabilidad a quienes debían velar por el patrimonio colectivo.
