Santiago Peña Palacios, el hombre que hasta hace horas portaba la banda presidencial de Paraguay, sintió el frío metal de las esposas rodeando sus muñecas, un epílogo impensado para un mandato que prometía ser distinto.
Su queja, cargada de incredulidad y un dejo de altanería, quedó flotando en el aire de el sector del estacionamiento subterráneo del Palacio de Justicia: “¡No puede ser ko, soy un expresidente de la República!”. Pero la realidad, inflexible, ya no reconocía títulos ni fueros.
Previamente a su queja, Peña recibió la inesperada comunicación de que como es un procesado, debía ser esposado para entrar al despacho del juez, tal como establece el protocolo.
Después, lo convencieron de que sería solo por unos minutos, desde el ascensor hasta la entrada al despacho. Finalmente, aunque sin opción, el exmandatario aceptó y llevó las manos hacia atrás y fue esposado por un policía.
El Ministerio Público imputó al expresidente en el marco de la investigación por el escándalo y desfalco en ueno bank, sindicándolo formalmente por los supuestos delitos de lesión de confianza (en calidad de instigador) y administración en provecho propio (en calidad de autor).
El juez penal de garantías Humberto Otazú ordenó que Peña cumpla su medida de prisión preventiva en la sede del Regimiento Escolta Presidencial, al considerar que existe un latente riesgo de fuga y una posible obstrucción a la investigación en curso. Asimismo, en el marco de la misma resolución judicial, el magistrado dictó otras medidas cautelares de carácter patrimonial solicitadas por el Ministerio Público, las cuales incluyen la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, además de la identificación, inmovilización y localización de sus cuentas bancarias, depósitos, inversiones y derechos patrimoniales.
Fuente:ABCDigital
