El yate de lujo bautizado como Zeus fue incautado el pasado viernes en la localidad de San Juan del Paraná, Departamento de Itapúa, en el marco de una investigación vinculada al caso ueno.
La embarcación, que se encontraba en el centro de las diligencias fiscales, reveló una conexión directa entre el empresario Miguel Vázquez Villasanti —máximo directivo de ueno bank y CEO del Grupo Vázquez— y Alberto Koube Ayala, quien fue condenado a seis años de prisión en el marco del emblemático operativo antidrogas A Ultranza Py por su integración en un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico vinculado a Sebastián Marset.
La condena contra Koube fue dictada en diciembre de 2025 y ratificada en segunda instancia en marzo del año siguiente. Sin embargo, los antecedentes de la transacción se remontan a febrero de 2022. Específicamente, el 24 de febrero de ese año, apenas dos días después de que tomara notoriedad pública el Operativo A Ultranza, Miguel Vázquez remitió una nota formal al Ministerio Público, dirigida al entonces fiscal general adjunto Marcos Alcaraz, mediante la cual comunicó que había adquirido la embarcación y que se encontraba realizando los trámites correspondientes para concretar el traspaso a su nombre.
De acuerdo con los términos expuestos en la nota por el propio empresario, la operación comercial se originó en el año 2018 a través de la firma Grupo Tapyrusu S.A., reconocida como representante y distribuidora oficial de la prestigiosa marca italiana de embarcaciones Azimut en Paraguay. En dicho periodo se formalizó el contrato para la compra de un yate modelo Azimut AZ62, de 62 pies, equivalente a 19 metros de eslora, cuya construcción finalizó en territorio brasileño en agosto de 2019, momento en el cual recibió el nombre de Zeus.
En su presentación ante la Fiscalía, Vázquez sostuvo enfáticamente que la operación se ejecutó de forma legal mediante el citado grupo empresarial, argumentando además que los pagos monetarios se canalizaron a través del sistema bancario formal y que las respectivas pólizas de seguro se emitieron a su nombre. Con estos respaldos documentales, el CEO buscó acreditar su condición de comprador de buena fe, amparándose en que la adquisición comercial se había concretado años antes de que estallara la causa judicial que salpicó a su contraparte.
No obstante los argumentos esgrimidos sobre la legalidad de la compra, el operativo fiscal no se limitó a la incautación de la embarcación en el sur del país. Paralelamente, el Ministerio Público procedió a retirar de diversos hangares ubicados en la ciudad de Luque una serie de aeronaves vinculadas a Miguel Vázquez, las cuales también pasaron a formar parte de las medidas cautelares de incautación de bienes muebles, aeronaves y embarcaciones dispuestas por los investigadores. Con estas acciones, la situación judicial del empresario se complica, ya que los bienes de su propiedad y las empresas de su grupo económico se encuentran actualmente bajo una orden de embargo preventivo y traba de embargo.
