Ya el año pasado, allegados del expresidente de la República Santiago Peña recurrieron a la Justicia para proteger sus movimientos comerciales e intentar frenar la entrega de información clave.
A través de una acción de amparo promovida el 30 de octubre de 2025 por la abogada Jazmín Garcete Cantero, un nutrido grupo de parientes del exmandatario logró que se le prohíba al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregar documentos reservados de carácter financiero y societario sin una orden judicial expresa.
Los accionantes argumentaron ante los estrados judiciales un peligro inminente de vulneración de sus derechos constitucionales, invocando de manera específica la protección de la intimidad y la inviolabilidad de su patrimonio documental frente a una eventual divulgación de los registros que reposan en las dependencias estatales. La medida cautelar resguarda los intereses de una extensa red familiar y vincula directamente a una larga lista de personas que configuran el núcleo íntimo y de parentesco del exmandatario.
Entre los nombres que figuran en el expediente se encuentran el propio Santiago Peña, su esposa Leticia Ocampos Villate, su hijo Gonzalo Peña Ocampos y su nuera Serenella Argaña Scavone. Asimismo, la nómina incluye a sus hermanos Manuel Peña Palacios y Francisco Peña Palacios, su cuñada Adriana Ocampos Villate, sus concuñadas Claudia Verónica Gómez Abente y Rocío Caballero Bosch, además de sus suegros Carlos Antonio Ocampos Zelada y María Teresa Villate Garcete, y sus padres Ana María Palacios de Peña y José Cayetano Peña Nieto. También forman parte de los accionantes Carlos Ocampos Villate y Claudia Verónica (en referencia a Verónica Gómez Abente).
La presentación judicial expone un complejo entramado de firmas, sociedades anónimas y SRL ligadas a los familiares, cuyas operaciones y registros figuraban bajo la lupa de las normativas de supervisión financiera y bancaria. El listado de empresas asociadas al expediente abarca a BYOC S.A., Pear S.R.L., Santorini de Paraguay S.A., Muar S.R.L., Fructus Terrae SACI, Corpus S.A. de Mandatos, Guata Trade S.A., Enerbike S.A., Optima S.A., Penco S.A., Fenix S.A., Los Cabos S.A., Budelar S.R.L., La Huella S.A., Manufactura de Pilar S.A. y Textil Toro Blanco S.A. Dentro de este conglomerado societario destaca especialmente Muar S.R.L., una firma vinculada a Serenella Argaña Scavone que ya había saltado a la palestra pública en reportes previos sobre transacciones financieras atadas al caso Ueno Bank.
Pese al alcance de la protección dictada por la Justicia para resguardar los documentos reservados en poder del MEF, la resolución contempla excepciones precisas que dejan una puerta abierta para los requerimientos formales. El blindaje no bloquea de forma absoluta el acceso a los papeles si media una orden judicial específica o si el pedido proviene de un organismo del Estado que se encuentre legalmente facultado para investigarlos. De esta manera, mientras la defensa de la familia buscó levantar un muro legal para blindar su información patrimonial y societaria ante el fisco, las instituciones competentes mantienen la posibilidad de reclamar los datos siempre que sigan los carriles formales de la ley.
Fuente: ABCDigital
