La acusación fiscal del histórico operativo A Ultranza Py sacó a la luz una trama de ingeniería financiera que parece salida de una película de misterio, pero que ocurrió a plena luz del día en el sistema formal de Paraguay. De acuerdo con el Ministerio Público, las firmas Ueno Holding y Credicentro —ambas vinculadas al Grupo Vázquez— sirvieron de fachada y soporte para introducir y blanquear capitales oscuros procedentes del narcotráfico internacional, específicamente del capo Sebastián Marset.
El eje de esta maquinaria de lavado giró en torno a Alberto Koube, señalado como el principal administrador u operador de Marset en el país. Según los documentos de la Fiscalía, las maniobras se ejecutaron entre noviembre y diciembre de 2021, un periodo marcado por la desesperación y la urgencia: Marset acababa de ser detenido en Dubái en septiembre de ese mismo año, y la estructura necesitaba mover el dinero ilícito antes de que el megaoperativo antidrogas cayera como un martillo el 22 de febrero de 2022.
Las conversaciones filtradas del expediente revelan que Koube recibía instrucciones directas de Marset a través de mensajes enviados por Mauro García Troche, cuñado del narcotraficante y hermano de Giannina García Troche, la esposa de Marset. Para cumplir con estos mandatos, Koube utilizó empresas como Are Inversiones SA y el Grupo Tapyracuai SA, simulando inversiones, créditos y certificados de depósito que daban una apariencia totalmente legal a ganancias millonarias generadas por el tráfico internacional de clorhidrato de cocaína con rutas hacia Europa y África.
El punto de mayor tensión de este esquema ocurrió el 28 de diciembre de 2021, una jornada frenética en la que se movilizaron nada menos que USD 2,5 millones de capital en un solo día. A través de la firma Are Inversiones SA —adquirida presuntamente para el propio Marset—, Koube ejecutó dos operaciones simultáneas de contratos de inversión. La primera fue por un capital de USD 1.000.000, que con intereses acumulados ascendió a USD 1.015.197; la segunda abarcó USD 1.500.000, alcanzando un valor total de USD 1.523.627 al computar los intereses.
La trampa financiera consistía en una triangulación perfecta: ese mismo 28 de diciembre, el acusado solicitó y obtuvo dos préstamos de Ueno Holding Saeca por idénticos montos (USD 1.015.197 y USD 1.523.627), los cuales invirió inmediatamente en Credicentro Saeca mediante un contrato de inversión a ser devuelto el 25 de junio de 2022. Para la Fiscalía, los préstamos de Ueno Holding no eran más que un artilugio para encubrir la procedencia real de los fondos y darles un barniz de legalidad comercial.
Pero los movimientos de esa fecha no terminaron en dólares. Ese mismo día se inyectaron G. 1.300 millones en Credicentro bajo la modalidad de certificado de depósito de ahorro (CDA) a nombre de María Noelia Colmán, pareja de Koube, un instrumento que prometía un retorno proyectado de G. 2.079.999.992 para integrar al círculo financiero a personas del entorno familiar del operador.
Esta no era la primera vez que operaban bajo este libreto. Semanas antes, el 11 de noviembre de 2021, ya se había registrado una enorme inversión de G. 10.000.568.456 a nombre del Grupo Tapyracuai SA en IOIO Saeca, entidad que más adelante pasaría a formar parte de la estructura de Ueno Holding. Para justificar el origen de ese dinero, se presentó un supuesto préstamo otorgado previamente por Financiera El Comercio Saeca el 18 de agosto de 2021, una operación que los investigadores calificaron de simulación documental calcada a los métodos habituales de Koube.
Sumando las operaciones en guaraníes y dólares, el esquema investigado llegó a mover entre USD 3,8 y USD 4,1 millones, tejiendo una red de apariencia legal en torno al dinero sucio. Como coletazo de la caída del esquema, cuando el operativo A Ultranza Py se hizo público el 22 de febrero de 2022, Miguel Vázquez remitió el 24 de febrero una nota al entonces fiscal general adjunto Marcos Alcaraz. En el escrito, dirigido a desvincularse de las pesquisas y asegurar que no le confiscaran bienes, Vázquez comunicó que había comprado de manera legal a través del Grupo Tapyracuai SA —representante de la marca italiana Azimut en Paraguay— un lujoso yate de 19 metros bautizado como Zeus, el cual había sido encargado a pedido en junio de 2018 y terminado en Brasil en agosto de 2019.
Tras este largo proceso judicial, la justicia dictó condenas contundentes en primera instancia en diciembre de 2025 y en segunda instancia en marzo de 2026, sentenciando a Alberto Koube a 6 años de prisión por su rol clave en esta red de lavado de dinero y narcotráfico.
Fuente: Ultima Hora
