La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social confirmó la plena apertura de la institución ante los procedimientos de allanamiento concretados por el Ministerio Público en la Caja Central y en la sede de la Dirección de Inversiones, ubicada en el edificio Renta Palma.
Estas intervenciones se enmarcan en las investigaciones judiciales abiertas en torno a los fondos colocados en Ueno Bank y las actuaciones vinculadas a la causa del expresidente Santiago Peña.
El titular jurídico del ente, Enrique Galeano, remarcó que las autoridades institucionales acompañan las diligencias y proveen la totalidad de la documentación requerida por los agentes fiscales. El procedimiento fiscal se centra de manera específica en las cuentas operativas y los esquemas de colocación de capitales aplicados con la citada entidad bancaria.
Respecto al origen y sustento legal de las operaciones financieras, la representación legal de la previsional aseveró que los capitales fueron colocados mediante concursos y licitaciones debidamente documentados. Actualmente, el monto global depositado en dicha entidad asciende a un estimado superior a los 516 millones de dólares, suma correspondientes al fondo de aportantes, jubilados y pensionados.
Dichos activos financieros se encuentran distribuidos en diversos instrumentos cuyos títulos valores permanecen en la bóveda institucional a disposición de los investigadores para su correspondiente autenticación.
Frente a los cuestionamientos sobre la eventual responsabilidad penal de las autoridades firmantes, la institución señaló que determinar dichas Imputaciones corresponde de manera exclusiva a la Justicia y a la Fiscalía. Sin embargo, el órgano jurídico enfatizó que la toma de decisiones se ajustó a los reglamentos de inversión vigentes, basándose en dictámenes de asesores financieros y en las propuestas del comité técnico de inversiones elevado al Consejo de Administración.
En relación a la detección de riesgos en la entidad financiera intervenida, el IPS descartó haber contado con reportes previos que alertaran sobre un eventual escenario de insolvencia. La entidad sostuvo que las determinaciones de inversión se fundamentaron en la confianza hacia el sistema financiero y en las calificaciones e informes oficiales emitidos por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), sugiriendo que datos o calificaciones tergiversadas por parte del ente regulador pudieron derivar en decisiones de inversión inadecuadas.
Finalmente, la previsional confirmó que participa formalmente en el proceso de resolución administrado por los interventores del BCP para solicitar el reconocimiento de sus acreencias, con miras a la recuperación integral de los activos pertenecientes al seguro social.




