Las deudas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con las empresas contratistas de obras viales y de infraestructura han vuelto a registrar un preocupante incremento, alcanzando actualmente un total de 200 millones de dólares tras el reducido nivel de desembolsos registrado en septiembre pasado.
Según los datos oficiales emitidos por la cartera estatal, del monto global adeudado, 120 millones de dólares corresponden a proyectos financiados mediante fuentes de financiamiento externo, mientras que los restantes 80 millones de dólares están ligados a compromisos asumidos con fondos de origen local.
El escenario financiero para el cierre del ejercicio proyecta un agravamiento del problema presupuestario. Para el último trimestre del presente año, la estimación de ejecución de proyectos dependientes de recursos locales alcanza los 70 millones de dólares; sin embargo, la capacidad real de pago contemplada en el presupuesto de 2026 —y sujeta aún a una reprogramación presupuestaria pendiente— apenas asciende a 53 millones de dólares. Esta brecha económica anticipa un crecimiento inminente de los saldos impagos hacia fines del periodo fiscal.
Con el objetivo de mitigar el descalce y mantener operativos los frentes de trabajo, el MOPC ha gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas una ampliación presupuestaria de 100 millones de dólares destinada a proyectos con fondos locales. Asimismo, para el año 2027 se calcula que las necesidades para sostener las obras en ejecución con recursos externos requerirán 350 millones de dólares, cifra que se elevará a 450 millones de dólares en caso de no concretarse la ampliación solicitada para el presente periodo.
El panorama fiscal hacia 2027 evidencia exigencias financieras aún mayores. El presupuesto asignado para proyectos con recursos locales contempla 260 millones de dólares, lo que implica que la suma requerida para mantener todos los emprendimientos vigentes ascenderá a 610 millones de dólares —asumiendo la aprobación de la ampliación presupuestaria de este año— o a 710 millones de dólares en caso de ser rechazada. Cabe resaltar que estos cálculos corresponden únicamente al mantenimiento de las obras en curso; si se contemplan las nuevas licitaciones proyectadas y el inicio de contratos adjudicados, la necesidad presupuestaria global superará los 1.000 millones de dólares.
El atraso sistemático en el flujo de pagos desencadena una cadena de impactos negativos para el desarrollo socioeconómico. El efecto más inmediato se refleja en la ralentización de las construcciones, postergando la entrega de infraestructura clave para la ciudadanía. A nivel fiscal, la mora compromete los recursos del Estado al generar intereses punitorios y obligar a la emisión de bonos o la contratación de nuevos empréstitos para cumplir los compromisos, lo que encarece de manera sustancial las obras mediante sobrecostos millonarios que reducen el margen para financiar otros proyectos prioritarios.
Finalmente, la falta de liquidez debilita la capacidad operativa del sector privado. La postergación de los cobros erosiona el patrimonio de las empresas, una dinámica que, según advertencias de analistas de la región, deriva a mediano plazo en quiebras masivas de empresas contratistas y de sus cadenas de proveedores.
Adicionalmente, el contexto temporal acentúa la problemática social, ya que la proximidad de las festividades de fin de año incrementa la incertidumbre económica entre la masa de trabajadores del sector, generando un clima de descontento e inestabilidad laboral prescindible.
Fuente: Elnacionalpy
