El programa Hambre Cero enfrenta un momento de crisis financiera que pone a prueba la resistencia de toda su cadena de distribución. La Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEPY), a través de su presidente Víctor Mendoza, denunció públicamente que diversas gobernaciones acumulan atrasos de hasta 120 días en el pago a los proveedores, una situación que supera ampliamente el plazo de 60 días establecido por contrato.
Esta falta de fluidez en los desembolsos, que abarca los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, deja un monto global pendiente de unos 120 millones de dólares. Pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas bajo la gestión de Óscar Lovera, intentó ordenar las transferencias a lo largo del año, el problema se vuelve a repetir en esta misma época, tal como ocurrió en el periodo pasado.
Para poder sostener la operatividad diaria de este masivo servicio de nutrición, las empresas proveedoras se ven obligadas a recurrir de forma constante a préstamos bancarios privados, afrontando una presión financiera y operativa extrema que un solo día de retraso agrava de manera drástica. Este desfase pone en riesgo directo los compromisos asumidos con los productores de la agricultura familiar, los transportistas y el personal operativo. Entre los sectores más sensibles se encuentran las 26.000 cocineras y ayudantes que trabajan cada mes, además de las obligaciones fiscales ineludibles con el Instituto de Previsión Social y los tributos estatales. Ante este panorama, el gremio emitió una misiva formal exigiendo a las carteras del Estado la apertura de una mesa de diálogo o la fijación de un cronograma estimado de pagos, luego de que quedara sin cumplirse una promesa de desembolso pactada para el pasado 20 de octubre.
A pesar de este escenario adverso y de la falta de respuestas oficiales inmediatas que incrementan la incertidumbre empresarial, la provisión del almuerzo y la merienda escolar se mantiene con total normalidad en todas las instituciones del país. Desde la CAEPY destacan que no se han registrado interrupciones en la entrega de alimentos a los estudiantes, incluso en zonas de muy difícil acceso como el departamento de Alto Paraguay, donde la logística exige el uso coordinado de lanchas, barcos y tractores debido a la imposibilidad de llegar por vía terrestre. El programa, que beneficia directamente a más de 500.000 hogares y representa el de mayor impacto económico nacional, continúa operando gracias a la responsabilidad asumida por los proveedores.
Desde el sector empresarial recuerdan que ningún país del mundo donde se implementó la alimentación escolar ha retrocedido, sino que el sistema solo ha sabido crecer. Por ello, exigen previsibilidad financiera como el único mecanismo viable para garantizar la continuidad de los servicios sin sobresaltos. Asimismo, la organización instó a los actores políticos a dejar de ver al programa como un botín de guerra o un blanco de ataques en medio de disputas partidarias, pidiendo mayor coherencia, cordialidad y respeto a la cadena de pagos para priorizar siempre el bienestar de los estudiantes por encima de cualquier coyuntura electoral.
