La investigación de la Fiscalía contra el expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Ramón Jara Rojas, y Karina Estefana Otazú Fleitas profundiza en un entramado de adjudicaciones públicas que habrían servido para financiar el patrimonio del entorno cercano.
Este nuevo capítulo judicial pone el foco en cómo el círculo de las licitaciones operaba mediante contratos millonarios aprovechados para transferencias y compras de alto valor al contado.
De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, Petropar otorgó contratos de gran envergadura a la firma Emprendimientos del Sur S.A. para la provisión de sistemas de seguridad y vigilancia. La proveedora giró la suma de doscientos mil dólares estadounidenses a Diana Paola Gamarra Agüero bajo la figura de supuestas consultorías que carecían de respaldo documental sobre su ejecución real. Con ese mismo caudal financiero, la allegada adquirió al contado un inmueble valuado en doscientos veinte mil dólares en el barrio Mburucuyá de Asunción.
La hipótesis fiscal subraya que este caso expone una red estructurada donde las licitaciones de la petrolera estatal funcionaban como fachada para desviar recursos hacia allegados y familiares, cuyas capacidades económicas e ingresos tributarios históricos resultaban totalmente insuficientes para justificar tales operaciones. Ante el avance de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la Fiscalía requirió medidas cautelares, la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de innovar sobre bienes clave para asegurar el resultado de la investigación.
