Apenas cuatro meses después de haber asumido el cargo, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Ramiro Samaniego, autorizó el traslado de un total de Gs. 40.000.000.000 desde el Banco Nacional de Fomento hacia Ueno Bank S.A., bajo el argumento de optimizar la gestión financiera de los recursos públicos. Las operaciones se concretaron en dos etapas tras solicitudes formales de la Dirección General de Administración y Finanzas de la institución.
La primera colocación se formalizó mediante la Resolución N° 598 del 21 de noviembre de 2025, por un monto de Gs. 20.000.000.001 en la modalidad de Caja de Ahorro a la Vista, pactada a una tasa anual del 5,85% con pago trimestral de intereses, correspondiente a los fondos generados en el Ejercicio Fiscal 2025.
Dicha primera operación se dio cuando el nuevo titular llevaba apenas cuatro meses de su nombramiento, realizado en julio de ese año. La segunda transferencia se aprobó a través de la Resolución N° 268 del 27 de marzo de 2026, por otros Gs. 20.000.000.000 destinados a un Depósito a Plazo Fijo con una tasa anual del 10,35%, medida que formó parte de un paquete global de Gs. 60.000 millones repartido equitativamente entre Ueno Bank, el Banco Itaú con un 8,60% e Interfisa Banco con un 9,15%, con el fin de diversificar los depósitos institucionales del Ejercicio 2026. En ambas ocasiones, los recursos fueron debitados directamente de la cuenta institucional N° 18750/8 del Senave en concepto de ingresos provenientes del BNF. Sin embargo, el panorama dio un giro drástico cuando el pasado jueves el Senave presentó formalmente una denuncia penal contra los directivos de Ueno Bank S.A. por un daño patrimonial equivalente a los fondos transferidos, señalando directamente a Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Isabel Torres Rubiani, Miguel Ángel Almada Frutos, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente. La acción legal también se dirige de forma innominada contra cualquier otra autoridad o persona vinculada a dicho banco o a sus sociedades relacionadas que aparezca como responsable tras las investigaciones.
En el escrito de la denuncia se enfatizó que las autoridades obraron de buena fe tomando como cierta la falsa declaración de solvencia y calificación institucional brindada por el banco, la cual habría ocultado una verdadera situación de iliquidez que hizo caer su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento. De acuerdo con los términos presentados ante la justicia, los hechos se subsumen en los delitos punibles de lesión de confianza, estafa, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situación de crisis.
Fuente: pds_radio
