Marco Enmanuel González López, de 29 años, continúa recluido en la penitenciaría de Emboscada luego de que la justicia rechazara un nuevo pedido de suspensión de su prisión preventiva. El procesado, fuertemente vinculado al millonario asalto a una granja de criptominería ocurrido en la localidad de Altos, acumula tres órdenes de captura y tres declaraciones de rebeldía en su haber.
La captura de González López se concretó el pasado 28 de octubre, cerca de las 16:40, en el barrio Catedral de Ciudad del Este, cuando salía del edificio Corporate Society Offices, operando sobre él una orden emitida por el Juzgado Penal de Caacupé. Al día siguiente, el juzgado ratificó la medida de prisión y ordenó cumplir lo dispuesto por el Tribunal de Apelación, desestimando los intentos de la defensa por obtener medidas alternativas a pesar de los constantes antecedentes de fuga.
El golpe investigado tuvo lugar en la madrugada del 27 de abril de 2025, momento en el cual un comando de al menos 12 hombres fuertemente armados irrumpió en una granja de criptominería ubicada junto a una subestación de la ANDE. En aquella ocasión, los delincuentes se alzaron con unas 360 máquinas mineras, cuyo valor oscila entre los 2.000 y 2.500 dólares estadounidenses por cada unidad. Las pesquisas policiales atribuyen la ejecución del asalto a la estructura criminal presuntamente liderada por Junior Ramón Delvalle Almeida, alias Polaco, quien fuera capturado el pasado 6 de octubre en la zona de La Colmena.
El historial procesal de González López estuvo marcado por constantes evasiones a la justicia. Tras ser declarado en rebeldía en una primera instancia y haber conseguido medidas alternativas de forma temporal, la Cámara de Apelaciones ordenó nuevamente su reclusión el 26 de septiembre. Cuando los intervinientes acudieron a verificar su domicilio declarado en Ciudad del Este, el encargado del edificio confirmó que ya no residía allí. Ante esta situación de fuga, el juez Augusto Acuña dictó una nueva rebeldía mediante el A.I. N° 973 del 9 de octubre. Pese a su reciente captura efectuada a fines de octubre, el juzgado ratificó la medida cautelar mediante el A.I. N° 1.026.
La investigación también contempla registros documentales y multimedia en poder de la Policía, los cuales incluirían audios, videos y mensajes de texto atribuidos a González López en plena conversación con un exsocio. De acuerdo con los informes preliminares, en dichos materiales habría intentado deslindar responsabilidades, aunque otros fragmentos lo comprometerían directamente al recibir los equipos informáticos y reconocer la procedencia ilícita de los mismos.
Uno de los aspectos más delicados que rodean al expediente apunta a supuestas expresiones vertidas en los audios, donde el imputado habría manifestado su intención de destinar recursos financieros para influir sobre magistrados y agentes fiscales antes que llegar a un acuerdo con los denunciantes. No obstante, las fuentes judiciales aclararon que se trata de material atribuido y pendiente de pericia formal, sin que exista constancia documentada de que se hayan materializado sobornos o que alguna decisión de los administradores de justicia haya sido alterada.
En paralelo al avance del proceso principal, la causa ya cuenta con otras ramificaciones. Durante el mes de septiembre, la fiscalía imputó por el supuesto hecho punible de reducción a Kaio Barcelos dos Santos Tavares, Casiano Ruckhaber Abatti, Derlys Javier Gamarra Otazú y Arnold Martín Müller Fernández, presuntamente implicados en el circuito de comercialización de los equipos sustraídos. Mientras la investigación principal sigue su curso, el principal sospechoso permanece tras las rejas a la espera de las próximas etapas procesales.
Fuente: hectordalegre / Ahora_Py
