En seis meses, Santiago Peña ya recuperará su libertad, para el mes de mayo ya estará libre.
Y no será por falta de pruebas, que abundan, será por cómo lo imputaron.
Esto es así, ya que la Fiscalía lo imputó solo por Lesión de confianza y Administración en provecho propio, no lo imputó por lavado de dinero ni por asociación criminal y menos por enriquecimiento ilícito, que son los tipos penales que tienen penas mínimas superiores y que hubieran permitido sostener una prisión preventiva larga y una condena ejemplar.
Sin lavado y sin asociación criminal, el marco penal se achica y se ajusta al mínimo previsto en la normativa penal, que es de seis meses y, cumplido ese lapso de tiempo, la prisión preventiva se volverá insostenible.
Los plazos procesales corren a su favor, y la causa, por más grave que sea el daño, termina siendo tratada como si fuera un simple mal manejo administrativo.
Pero todavía hay tiempo, pues la Fiscalía puede aún ampliar la imputación por lavado de dinero y asociación criminal; está a tiempo de no dejar que esta causa quede como un expediente recortado, a medida de los responsables.
Y una cosa más, esto no fue solo obra de dos personas, esto fue una Alianza Público-Privada pactada para desfalcar al Estado paraguayo; falta imputar a los ministros, directores y presidentes de entes, a los consejeros del IPS, de Itaipú, de Yacyretá, de la ANDE, de la Caja Bancaria, de CAJUBI, de CONATEL y de todas las instituciones que, a sabiendas, colocaron fondos públicos en un banco que ya venía en picada.
Las cabezas lo sabían, tenían los informes, tenían las alertas de la Superintendencia de Bancos, sabían de los excesos con empresas vinculadas, sabían que la solvencia se caía, y aun así colocaron, renovaron y mantuvieron la plata pública en UENO Bank para que el banco se recupere con dinero del pueblo.
No fue un error técnico, fue una decisión política y patrimonial: salvar al banco del presidente con la plata de los jubilados, de los funcionarios y de todo el pueblo paraguayo.
Más de G. 3.608.550 billones y USD 233 millones de fondos públicos y previsionales terminaron concentrados en UENO; según el propio Tesoro, esa cantidad colosal de efectivo no se colocó sola, alguien firmó, ordenó y miró para otro lado a cambio de seguir en el cargo.
Si la Fiscalía no amplía la imputación a esos ministros, directores, presidentes de entes y consejeros, el mensaje será devastador: en Paraguay se puede saquear el Estado, y a los seis meses se sale libre.
En mayo, mientras la investigación todavía esté pidiendo prórrogas y pericias, Peña ya estará afuera, disfrutando de los frutos del mayor saqueo de la historia del país, riéndose y disfrutando de lo que tanto le gusta, el dinero y los lujos.
