Una escandalosa trama de corrupción, favores y complicidades internas salió a flote tras la reciente fuga de reclusos involucrados con el narcotráfico en la penitenciaría de máxima seguridad de Emboscada. Las investigaciones encabezadas por el Ministerio Público apuntan directamente a un esquema de cobros ilegales que oscilarían entre los 12.000 y los 70.000 dólares para acceder a celdas VIP dentro del penal.
La fiscala Fabiola Sosa encabeza las pesquisas que revelaron indicios alarmantes sobre este sistema de prebendas. De acuerdo con los datos recolectados, el dinero pagado por los internos no solo garantizaba alojamientos diferenciados con comodidades prohibidas, sino que también compraba el retiro irregular de teléfonos celulares y órdenes directas impartidas por las propias autoridades penitenciarias para facilitar los privilegios y encubrir los movimientos dentro de la cárcel.
Las sospechas de la fiscalía se intensificaron tras analizar cómo operaba la estructura de poder en el reclusorio. Los investigadores buscan determinar el alcance exacto de la red de corrupción que salpica a funcionarios encargados de custodiar la seguridad del penal, exponiendo una vulnerabilidad alarmante en el sistema de máxima seguridad que debía impedir que los reclusos de alta peligrosidad tuvieran acceso a tratos preferenciales o vías libres para concretar fugas.
El caso continúa abierto mientras el Ministerio Público y los equipos de investigación profundizan las diligencias para identificar a todos los involucrados en este millonario negocio clandestino que opera tras las rejas, poniendo al descubierto la fragilidad de los controles en las principales cárceles del país.
Los dos internos que protagonizaron la fuga de la penitenciaría de Emboscada y que desnudaron el millonario esquema de celdas VIP son Éver Alejandro Ozuna López, alias «Tanchí», condenado a 25 años de cárcel por secuestro, asociación criminal y homicidio, y Robert Arsenio Merlo Villalba, con antecedentes por narcotráfico y robos agravados, ambos considerados de alta peligrosidad y alojados en el Módulo 7 del penal.
