La investigación del Ministerio Público sobre el escándalo conocido como la «mensura de oro» en Ciudad del Este avanza de manera preocupante y lenta en Asunción, según advirtió el abogado Víctor Enriquez, representante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este.
El caso, que indaga un presunto perjuicio patrimonial millonario a la comuna esteña durante el periodo 2021-2022, pone en el centro de la mira a la abogada Nidia Silvero de Prieto, exdirectora jurídica durante la administración de Miguel Prieto y actual candidata al Consejo de la Magistratura, quien «firmó el dictamen previo que avaló los sobrefacturados pagos».
De acuerdo con los antecedentes revelados por el denunciante, el proceso judicial expone irregularidades escandalosas en los costos ejecutados. Mientras que una publicación de edictos en el diario ABC Color figuraba en el expediente judicial con un costo real de 585.000 guaraníes, la municipalidad terminó abonando cifras desproporcionadas. El punto más crítico se centra en la constitución del juez para el acto de inicio de la mensura: según declaró el propio magistrado interviniente a la prensa, el costo oficial ascendía a unos modestos 15 jornales (aproximadamente un millón y medio de guaraníes) y dicho arancel había sido exonerado por tratarse de una diligencia municipal. Sin embargo, los registros contables de la comuna revelan «un pago escandaloso de 267.300.000 guaraníes por este concepto».
La gravedad institucional del hecho recae directamente sobre el área jurídica de la administración municipal de entonces. El contrato y los desembolsos se aprobaron «bajo el amparo de un dictamen previo de asesoría jurídica» emitido por la entonces directora Nidia Silvero de Prieto. Para el referente de la Contraloría Ciudadana, el aval técnico y legal otorgado por la actual candidata al Consejo de la Magistratura para convalidar un pago millonario por un trámite judicial prácticamente gratuito demuestra que «si ella dictaminó que la municipalidad debía pagar por la constitución del juez 267 millones 300 mil, quiere decir que podríamos estar frente a una delincuente espectacular».
A esta causa se suman otros antecedentes de supuesta corrupción denunciados por el mismo equipo contralor, como el manejo discrecional de fondos para ollas populares en diciembre de 2020 con «facturas falsas» y proveedores que negaron haber vendido los insumos. No obstante, el temor principal de los denunciantes respecto a la «mensura de oro» es el tiempo transcurrido. Al haberse gestado entre 2021 y 2022, la causa se encuentra peligrosamente cerca de cumplir el plazo fatal de cinco años, por lo que Enriquez advierte directamente: «Me preocupa que pueda prescribir. Si pasa de 5 años desde que se realizó la mensura, podría prescribir».
