A través de un extenso video difundido en sus redes sociales, la empresaria y profesional Nora Ruoti ofreció su versión detallada sobre el origen y los motivos del proceso penal promovido en su contra por sus hermanos, vinculando directamente la denuncia a conflictos derivados de la administración y el reparto de los bienes familiares.
En su exposición audiovisual, Ruoti buscó contextualizar su postura frente a la causa judicial que la involucra, explicando los pormenores de las diferencias internas que derivaron en acciones legales.
La difusión de este material se produce en el marco de una investigación penal en la que Ruoti es indagada por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y violación del deber de llevar libros de comercio, en su carácter de presidenta de la firma familiar Monomisy S.A. De acuerdo con los antecedentes del expediente, se le atribuye haber generado un supuesto perjuicio patrimonial calculado en 1.621 millones de guaraníes a raíz de alegados gastos espurios e impuestos no abonados.
En el plano estrictamente procesal, la causa registró un avance relevante cuando el juez Rolando Duarte rechazó el recurso de reposición interpuesto por la defensa técnica de Nora Lucía Lorenza Ruoti Cosp contra la providencia que había admitido el acta de imputación. Con esa resolución, el magistrado dispuso elevar el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Penal para el tratamiento de la apelación planteada en subsidio, lo que incide sobre la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares prevista inicialmente.
La defensa, ejercida por el abogado Paolo Francisco Ruffinelli, había cuestionado la admisión de la imputación al sostener que el documento fiscal presentaba vicios sustanciales que afectaban garantías constitucionales, invocando el artículo 302 del Código Procesal Penal en relación con los elementos de sospecha y la individualización de la participación, y advirtiendo sobre eventuales perjuicios procesales y vulneración de derechos fundamentales si no se subsanaban tales planteamientos.
Por su parte, el juez Duarte sostuvo que las formalidades legales ya habían sido verificadas al momento de admitir el requerimiento fiscal, descartando nulidades absolutas, omisiones o vicios de saneamiento, y puntualizando que el acta contaba con todas sus hojas debidamente firmadas y que el plazo fijado para el requerimiento conclusivo se ajustaba a los parámetros del artículo 303 del Código Procesal Penal y a la etapa preparatoria. Con el pronunciamiento judicial en curso hacia la instancia superior y el descargo público de la investigada en redes sociales, el conflicto familiar y penal suma un nuevo capítulo tanto en el ámbito mediático como en el tribunalicio.


