Un inesperado incidente estructural volvió a poner en el centro de la escena al edificio del Congreso Nacional. El desprendimiento masivo de revestimientos de azulejos en el quinto piso desencadenó un colapso en cadena que terminó impactando con fuerza en varios sectores estratégicos de la Cámara de Diputados.
La caída de los materiales no solo destrozó parte de las instalaciones de la Cámara Baja, sino que alcanzó de lleno el techo de las oficinas de la Comisión Bicameral y se extendió hasta la zona del quincho del recinto legislativo.
Pese a la magnitud de los destrozos materiales y al impacto visual de los restos acumulados en las áreas afectadas, las autoridades confirmaron que afortunadamente no se registraron personas heridas. El pánico inicial dio paso a una rápida intervención de la Dirección de Mantenimiento, cuyo titular se apersonó en el sitio para evaluar el alcance real de los daños, verificar el estado general del resto de la mampostería y tomar medidas de emergencia para contener la infraestructura comprometida.
El hecho reaviva de inmediato el debate sobre el cuidado y la gestión de la sede legislativa. La responsabilidad operativa y financiera sobre el mantenimiento, las reformas y cualquier obra edilicia del complejo —que alberga de forma conjunta a Senadores y Diputados— recae de manera exclusiva en la Cámara Alta, es decir a la administración de «Bachi» Núñez, encargada de administrar la caja presupuestaria destinada a la conservación del patrimonio legislativo.
Ante la polvareda generada por el derrumbe y los inevitables cuestionamientos sobre el estado edilicio, desde la Cámara de Senadores ya anunciaron que emitirán un comunicado oficial detallando las causas técnicas del colapso, el inventario de los daños colaterales y las acciones correctivas que se implementarán a la brevedad.
