Un contundente hallazgo de la Contraloría General de la República expone una grieta profunda en los controles de idoneidad del sector público. Tras auditar un universo de 34.068 registros, el órgano contralor identificó un total de 1.090 títulos universitarios y académicos declarados por 1.082 funcionarios pertenecientes a 35 organismos del Estado que no cuentan con ningún tipo de respaldo ni antecedentes en las instituciones educativas consultadas.
Para dimensionar la magnitud del caso, el examen técnico también sacó a la luz 877 ofertas académicas declaradas que carecen de acreditación vigente, situando en el centro de la alarma a 184 carreras vinculadas directamente al área de la salud, donde la habilitación profesional resulta crítica. El documento institucional advierte de manera drástica sobre severas debilidades en los mecanismos de fiscalización del Consejo Nacional de Educación Superior, sumadas a persistentes vulnerabilidades en los sistemas de registro y gestión de antecedentes académicos.
La cifra actual, lejos de constituir un techo, representa solo la punta del iceberg de un esquema sin fiscalización adecuada: la revisión aún no logra abarcar a la totalidad de la estructura pública, debido a que al momento del corte oficial todavía faltaban contestaciones de 221 organismos estatales y 27 entidades educativas requeridas por la Contraloría.
Fuente: AM_1080


