Bolivia atraviesa una crisis institucional sin precedentes tras una serie de operativos policiales simultáneos en La Paz, Santa Cruz y Sucre. La intervención resultó en la aprehensión del fiscal general del Estado, Róger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, además de varios fiscales y altos jefes policiales.
Las detenciones masivas se desencadenaron inmediatamente después de la filtración de material audiovisual grabado durante la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. En uno de los videos, Marset afirma explícitamente que Mariaca es su amigo y señala que mantenía contacto fluido con él para recibir alertas de las actuaciones judiciales. Asimismo, en un audio adjunto a las investigaciones, el uruguayo asegura haber pagado medio millón de dólares al exministro Del Castillo a través de intermediarios —entre los que menciona al propio Mariaca y a efectivos policiales— para operar con tranquilidad en el país.
La crisis se agrava por la reciente presión internacional. Horas antes de las detenciones, el Gobierno de Estados Unidos revocó de forma oficial los visados a varias de las autoridades hoy aprehendidas, acusándolas de presuntos cobros de sobornos y protección a redes del narcotráfico internacional.
Tras el despliegue de las fuerzas de seguridad, las sedes de la Fiscalía General en Sucre y las oficinas departamentales de Santa Cruz y La Paz fueron intervenidas e inmovilizadas por la Policía. La conmoción política ha llevado a que el Legislativo boliviano convoque a sesiones de emergencia para analizar las pruebas remitidas por agencias internacionales y definir las acciones penales a seguir en lo que representa el mayor escándalo por presunta narco-corrupción en la historia reciente del país.
Fuente: AM_1080
