Diversas organizaciones de trabajadores, jubilados y asegurados agrupados bajo bloques sindicales han manifestado una postura inflexible al señalar que no descansarán hasta que el Instituto de Previsión Social retire la totalidad de sus fondos depositados en Ueno Bank.
Voceros y referentes sindicales como Julio López, titular de la Asociación de Asegurados del IPS (AAIPS); Bernabé Penayo, representante de la Acción Sindical Clasista (ASC); y Eduardo Aguayo, miembro de la dirección provisoria del grupo Insurgencia, encabezan estos reclamos argumentando supuestos riesgos, alta concentración de capital y una presunta fragilidad institucional en la entidad financiera. En medio de sus cuestionamientos y como alternativa para la administración de los recursos previsionales, estos dirigentes y los gremios que representan han lanzado la propuesta de crear un nuevo banco social o de segundo piso bajo control estatal.
Esta iniciativa impulsada por los sectores sindicales carece de sustento técnico y soslaya los lapidarios antecedentes históricos de experiencias similares en el país, cuyo ejemplo más patético y ruinoso fue el extinto Banco Nacional de Trabajadores (BNT). El BNT, concebido en su momento bajo la promesa demagógica de blindar y administrar los recursos de la clase obrera, terminó convirtiéndose en el epicentro de uno de los desfalcos financieros más escandalosos de la historia nacional durante la década de los noventa. Plagado de prebendarismo, corrupción generalizada, créditos concedidos sin ningún tipo de garantías técnicas y un uso político descarado de los ahorros de los aportantes, el banco quebró de forma fraudulenta en 1998, dejando un tendal de pérdidas multimillonarias que jamás pudieron ser recuperadas en su totalidad por los asegurados y obligando al Estado a asumir enormes costos fiscales.
Pretender hoy en día, de la mano de dirigentes gremiales, la creación de un nuevo banco social administrado bajo lógicas corporativas o políticas es un sinsentido económico que ignora lecciones clave del pasado y expone los fondos de los jubilados a un riesgo infinitamente mayor. Las entidades de intermediación financiera, públicas o especializadas, que se apartan de los rigurosos estándares de supervisión técnica, libre mercado y gobernanza transparente del sistema financiero regulado suelen derivar en cajas chicas para la politiquería, la malversación y el vaciamiento institucional. En lugar de insistir en fórmulas estatistas y obsoletas que fracasaron estrepitosamente y destruyeron el patrimonio de los trabajadores con el BNT, los esfuerzos debieran centrarse en transparentar las inversiones, exigir estrictos marcos prudenciales de rentabilidad y seguridad en la banca privada y blindar técnicamente al IPS, evitando caer en soluciones populistas que solo amenazan con repetir la historia de corrupción y quiebra que tanto daño económico provocó al Paraguay.
