El escándalo en torno a la senadora Zenaida Delgado, quien afronta un proceso político y judicial tras ser acusada por un esquema sistemático de cobros irregulares e intimidación a funcionarios, suma un nuevo y grave capítulo con directas revelaciones sobre obstrucción a la justicia.
Este escenario crítico se desata como antecedente de las investigaciones impulsadas desde el Congreso y el Ministerio Público supuestos pedidos de dinero y coimas a cambio de nombramientos.
En medio de este proceso, una de las principales denunciantes, Lidia González, expuso públicamente un intento directo de coacción y manipulación probatoria. Según relató, tras una reunión presencial en la que se intentó concretar un acuerdo que fue rechazado tajantemente, la legisladora exigió a los abogados presentes que las víctimas entreguen sus teléfonos celulares con el claro objetivo de borrar los mensajes comprometedores.
Esta maniobra, presenciada por los propios profesionales del derecho, configuraría nuevos hechos punibles como la frustración a la persecución penal y la coacción. Mientras los cuestionamientos hacia la inacción fiscal se multiplican ante la aparente pasividad institucional, las afectadas anunciaron medidas drásticas, como revocar el poder a su representación legal, para evitar cualquier tipo de claudicación frente a las presiones y asegurar que las evidencias sobre el supuesto esquema de corrupción sigan firmes en el centro del debate público y judicial.
Fuente: Ahora_Py/ AM_1080
