Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, quedó envuelto en un escandaloso conflicto de intereses tras revelarse que cobró millonarias sumas en comisiones personales procedentes del Grupo Vázquez a través de Ueno Bank, la misma entidad financiera que opera como patrocinadora oficial de la Copa Sudamericana y donde la propia institución deportiva mantiene atrapados millonarios fondos.
La trama comenzó a gestarse públicamente el 5 de agosto de 2024, fecha en que la Conmebol anunció con bombos y platillos su acuerdo comercial y de patrocinio con ueno bank. Sin embargo, la investigación periodística de ABC Color sacó a la luz que, en paralelo a la relación institucional, el máximo dirigente del fútbol regional mantenía lucrativos negocios particulares con los propietarios del banco. El vinculo privado se formalizó mediante un contrato firmado el 28 de octubre de 2025 entre Alejandro Domínguez y el conglomerado empresarial liderado por Federico Miguel Vázquez, hoy imputado por la justicia.
El negocio personal consistió en la intermediación para la incorporación del banco húngaro OTP Bank como nuevo accionista de la entidad. Esta operación financiera contempló dos inyecciones clave de capital: una de 30 millones de dólares y otra de 17 millones de dólares, sumando un total de 47 millones de dólares. Por haber facilitado la transacción, a Domínguez se le fijó una tajada o comisión del 7,5% sobre el monto global, pactando un cobro privado que alcanzó aproximadamente los 3,5 millones de dólares.
El dinero no tardó en fluir directamente a las arcas personales del presidente de la Conmebol. Entre el 24 de diciembre de 2025 y el 20 de agosto de 2026, la cuenta bancaria personal N° (…)1992 de Alejandro Domínguez en ueno bank registró un total de siete transferencias consecutivas provenientes de una cuenta corporativa del Grupo Vázquez:
El desembolso inicial llegó en plena víspera navideña, el 24 de diciembre de 2025, por una suma de 725.000 dólares. El flujo continuo el 12 de marzo de 2026 con un segundo pago por 1.525.000 dólares, el cual quedó registrado mediante el comprobante N° 1595559039 tras un correo explícito remitido en esa misma fecha que ordenaba proceder con la transacción «según el acuerdo aprobado por MV (Miguel Vázquez)». Meses más tarde, en el mes de mayo, se concretaron dos nuevos giros seguidos: el 20 de mayo por 286.000 dólares (comprobante N° 8369908) y el 21 de mayo por 181.000 dólares (comprobante N° 8805981). Las transferencias del segundo semestre completaron el paquete millonario con tres giros más: el 21 de julio por 118.000 dólares, el 4 de agosto por 538.000 dólares y finalmente el 20 de agosto de 2026 por 151.000 dólares.
Mientras las cuentas privadas del máximo dirgente deportivo se engrosaban con estos pagos, el panorama institucional tomó un giro drástico y alarmante. El 2 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay decretó oficialmente el proceso de resolución por insolvencia de Ueno Bank. Esta medida arrastró a la propia Confederación Sudamericana de Fútbol, dejando atrapados e inmovilizados más de 14 millones de dólares (específicamente 14,3 millones de dólares en certificados de depósito de ahorro) pertenecientes al ente matriz del fútbol continental.
Ante semejante escenario, las alarmas éticas y jurídicas se encendieron de inmediato. El abogado especializado en derecho deportivo Gerardo Acosta advirtió con claridad sobre la evidente incompatibilidad y el presunto conflicto de intereses en el que incurrió el dirigente. Tanto el Código de Ética de la Conmebol como el de la FIFA condenan severamente el hecho de que un directivo obtenga ventajas económicas o realice negocios personales con empresas patrocinadoras de las instituciones que administra o en donde se custodian fondos institucionales.
De confirmarse formalmente la infracción mediante los órganos de control ético, Alejandro Domínguez se expone a duras penalizaciones estipuladas en los reglamentos internacionales. Las normativas fijan sanciones financieras que van desde multas de 5.000 dólares americanos (o 10.000 francos suizos en la FIFA) y la prohibición de ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol por un período de hasta dos años en casos ordinarios, hasta una inhabilitación severa de hasta cinco años de toda actividad futbolística para los escenarios tipificados como graves o reincidentes.
