Las 4 declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas ante la Contraloría General de la República por Edgar Arnaldo Martínez Sánchez, concejal municipal de Mariano Roque Alonso que asumió funciones en el año 2021 y logró su reelección, expone una serie de inconsistencias financieras y anomalías patrimoniales de proporciones colosales que ameritan una profunda investigación por parte de los órganos de persecución penal.
El análisis detallado de los documentos oficiales revela que el edil declaró un activo total que asciende exactamente a la astronómica suma de 25.000.690.000.000 de guaraníes, un monto equivalente a más de 3.300 millones de dólares estadounidenses que supera con creces el presupuesto anual de varios ministerios del Estado paraguayo, transformándolo súbitamente en uno de los hombres más ricos del continente sobre el papel.
Este patrimonio desmedido e inexplicable se sostiene fundamentalmente en un rubro catalogado como otros activos dentro de sus declaraciones, específicamente en acciones o participaciones en la firma Martisur con el RUC 4161734-7, valoradas individualmente en una cantidad exorbitante que distorsiona por completo la realidad contable y fiscal del funcionario público. Al examinar el origen de esta supuesta fortuna, resalta crudamente la contradicción con sus ingresos declarados como empleado con permiso del Congreso Nacional, donde percibía un salario mensual de 9.600.000 guaraníes en su calidad de coordinador general, además de supuestos ingresos mensuales de 5.000.000 de guaraníes provenientes de la misma empresa Martisur. En sus declaraciones juradas presentadas ante el ente contralor, el concejal ignoró la presentación de la actualización al asumir en la Junta Municipal en 2021. Resulta completamente inverosímil que un funcionario con ingresos corrientes mensuales que rondan los 14.600.000 guaraníes e ingrese al servicio público o gestione actualizaciones patrimoniales posea participaciones empresariales valuadas en veinticinco billones de guaraníes, evidenciando un evidente error de carga, una simulación patrimonial o una maniobra para ocultar valores reales mediante cifras disparatadas.
A esta escandalosa anomalía billonaria se suman incongruencias de menor escala pero igual de sugestivas en su evolución patrimonial a lo largo de los años, tal como se observa al comparar su declaración jurada del año 2018 cuando se desempeñaba como coordinador en el Congreso Nacional, periodo en el cual declaraba activos totales por un valor mucho más terrenal de 155.000.000 de guaraníes, sustentados en una camioneta Toyota Hilux y ahorros modestos, frente a la explosión injustificada de bienes declarados en 2021 que incluye un inmueble valuado en 370.000.000 de guaraníes en Mariano Roque Alonso y una flota de dos camionetas de alta gama tasadas en 300.000.000 de guaraníes en total. La disparidad entre los ingresos formales del edil, sus egresos mensuales declarados por 4.728.000 guaraníes y la tenencia de un imperio societario ficticio o desproporcionado expone un bache flagrante en los mecanismos de control y validación de la Contraloría General de la República, que recibe y archiva documentos con cifras imposibles sin activar alertas tempranas de enriquecimiento ilícito o incongruencia grave, dejando al descubierto la vulnerabilidad del sistema de declaraciones juradas en Paraguay ante la evidente falta de fiscalización rigurosa sobre las autoridades municipales y legislativas.
