En una agresiva maniobra para eludir la justicia civil y penal, la farmacéutica INDUFAR C.I.S.A. denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la jueza Victoriana Cáceres, a la fiscal Natalia Montania y a los camaristas, Nilda Cáceres, Efrén Giménez y Raúl Insaurralde, solo por cumplir con su trabajo.
La empresa busca suspender a las autoridades judiciales, pero desobedece flagrantemente la orden judicial (A.I. N° 538) de proveer 150.000 unidades del medicamento «TG» a la firma Bem Estar Clínica Estética S.A. de inversión extranjera Estadounidense, señalan los afectados.
También en el ámbito penal, los directivos de Indufar —Oscar Simón Palmerola, Cynthia Ríos Villagra, Darío Zanin y José Rodríguez Paredes— están imputados por Estafa, Lesión de Confianza y Asociación Criminal, tras causar un perjuicio que supera los 4 millones de dólares, pero no se someten a la investigación, ignorando los mandatos de la justicia.
Ante el sistemático atropello a las garantías comerciales, el inversor norteamericano Darío Silva, ya denunció formalmente el caso ante la Embajada de EE. UU. en Paraguay, cuya representación tomó con mucho interés el asunto que involucra a un connacional.
El uso del JEM como «garrote» para amedrentar a jueces y fiscales, desacatando fallos, deja al descubierto, la impunidad empresarial y la falta de seguridad jurídica en el país.
Este violento esquema de terrorismo judicial implementado por los directivos de Indufar y sus abogados, dinamita de un plumazo el relato oficialista y tira por tierra el discurso de atracción de capitales que el presidente Santiago Peña pregona por el mundo, enviando una señal devastadora a cualquier inversionista extranjero que pretenda arriesgar su inversión en Paraguay, indicaron.
Fuente: LaRed_Py
