El Ministerio Público profundizó su investigación sobre la gestión de Eddie Jara al frente de Petróleos Paraguayos y descubrió un mecanismo financiero donde fondos públicos de la estatal terminaban circulando hacia los acreedores o deudores particulares del exfuncionario.
Según la imputación fiscal, la petrolera realizaba millonarias transferencias a empresas contratistas que, en cuestión de horas o días, desviaban sumas llamativas hacia allegados y personas estrechamente vinculadas al entorno de Jara, utilizando un modus operandi que revive fantasmas de la institución.
Entre los datos clave del caso, la investigación detalla que Petropar firmó contratos y soltó pagos colosales a firmas proveedoras, como el caso de Emprendimientos del Sur S.A. (adjudicada para un sistema de vigilancia), Legacy Roots y el Consorcio Firetech. Tan solo en una de las operaciones analizadas, la estatal transfirió montos millonarios que rápidamente se fraccionaron en múltiples transferencias hacia cuentas de Diana Paola Gamarra Agüero, una mujer que figuraba en las declaraciones juradas y registros del propio Jara como deudora de un préstamo personal de G. 700 millones. La coincidencia temporal y económica entre la liberación de los cheques de Petropar y los giros recibidos por Gamarra encendió las alertas de los investigadores sobre un presunto esquema de lavado de dinero y ocultamiento de capitales.
Este modus operandi destapado en la era de Eddie Jara trae de inmediato a la memoria colectiva el recordado escándalo de Patricia Samudio, expresidenta de la misma petrolera estatal, quien también fue investigada y posteriormente condenada por utilizar fondos y mecanismos de Petropar (como la célebre licitación fraguada para la supuesta compra de agua tónica e insumos en pandemia) para cubrir deudas particulares y compromisos financieros de su esposo, José Costa. Si bien el esquema actual atribuido a Jara posee ramificaciones corporativas y de triangulación a través de contratistas más complejas, ambos casos comparten el denominador común que la ciudadanía y la justicia condenan: la utilización de los recursos de una empresa pública estratégica para solucionar los problemas de caja y deudas de índole estrictamente personal de las autoridades de turno.
