La contienda por la representación del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura Consejo de Magistratura dejó de ser una disputa profesional para transformarse en un escenario subordinado a caudillos e intereses partidarios.
Lejos de privilegiar el mérito académico, las postulaciones operan como un engranaje donde los candidatos apelan a padrinos de peso para movilizar recursos, asegurar logística nacional y disputar el control en la selección de los futuros jueces y fiscales del país.
En el tablero electoral del oficialismo, tanto Enrique Berni como Gerardo Bobadilla emergieron como los mimados del presidente Santiago Peña. Su campaña contó con el respaldo directo del Ejecutivo, al punto de ser acompañados por los hermanos González Maldonado por orden expresa de Peña para blindar el aparato estatal y partidario a su favor. Por otro lado, Jorge Bogarín Alfonso, desde el movimiento Es nuestro momento, buscó sostener su red de influencia en el fuero judicial valiéndose del soporte soterrado de operadores parlamentarios.
En el bloque opositor, la figura clave la encarna Juan Sosa Bareiro al frente de Unidad Gremial, cuya candidatura lleva en la dupla a Nidia Silvero de Prieto. Esta fórmula responde directamente a la estructura del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y el movimiento Yo Creo, que buscan posicionar una ficha propia para disputar espacios frente a la hegemonía del cartismo.
El esquema evidencia una transacción de conveniencia recíproca: los abogados utilizan la logística, el padrinazgo y la fuerza electoral de sus protectores políticos para acceder al escaño, mientras las cúpulas partidarias cobran el respaldo exigiendo lealtad al momento de elaborar las ternas para el sistema de justicia.
