El sistema judicial paraguayo enfrenta uno de sus momentos más críticos tras darse a conocer la imputación fiscal por el mayor desfalco financiero del país, un escándalo que dejó a casi tres millones de clientes defraudados y un colosal déficit de previsiones que asciende a 1,62 billones de guaraníes.
Pese a la magnitud de los daños causados a las finanzas públicas y privadas, la respuesta del órgano de persecución penal ha generado profundas dudas e indignación debido a su extrema indulgencia.
El acta de imputación que circula públicamente expone una compleja trama delictiva basada en créditos a sola firma, presuntos desvíos millonarios, operaciones circulares y empresas vinculadas. No obstante, en lugar de reflejar la gravedad de los hechos, la Fiscalía limitó su tipificación a figuras penales con penas máximas de apenas cinco años. Esta llamativa decisión se tomó al omitir los tipos agravados que corresponden a la naturaleza y escala del perjuicio ocasionado a toda la sociedad.
Ante este panorama surgen interrogantes ineludibles sobre el criterio técnico y la firmeza de la investigación. La ciudadanía y los expertos se preguntan por qué la fiscalía omitió la lesión de confianza especialmente grave, castigada con hasta diez años de pena privativa de libertad, o por qué dejó de lado la estafa especialmente grave, que contempla sanciones de hasta ocho años.
Asimismo, llama poderosamente la atención que se haya imputado una simple tentativa de estafa cuando el propio relato fiscal describe un perjuicio patrimonial gigantesco y consumado, sin profundizar de manera adecuada en posibles delitos conexos como la asociación criminal, el lavado de activos o las múltiples inconsistencias documentales detectadas en el circuito financiero.
La fiscalía no necesita inventar delitos, sino investigar exhaustivamente con base en los indicios y en la realidad evidente de unos hechos sumamente gravosos. La liviandad en la calificación legal se ve acompañada además por una disparidad en las medidas cautelares solicitadas, requiriendo prisión preventiva únicamente para el directivo Vázquez Villasanti mientras se otorgan medidas alternativas a los demás coimputados, lo que exige fundamentos mucho más claros y rigurosos por parte de los administradores de justicia.
La justicia paraguaya no puede permitirse ser implacable con el ciudadano común y al mismo tiempo indulgente frente al poder económico y político. En este proceso no se debate únicamente el futuro de una entidad financiera, sino la confianza de todo un país en la integridad de sus instituciones públicas y privadas. Como señalaba Eduardo Galeano, la justicia no debe parecerse a una serpiente que solo pica al descalzo. El Paraguay demanda investigaciones a la altura de los hechos, garantizando que el poder económico y político de los involucrados jamás se convierta en sinónimo de impunidad.
