Una jornada de alta tensión social y política se vive en los alrededores de la sede de la Fiscalía General del Estado en el centro de Asunción. Manifestantes, organizaciones civiles y ciudadanos autoconvocados se han agolpado en las inmediaciones para exigir justicia tras la destitución y posterior detención del expresidente de la República, Santiago Peña.
Por Diana Centurión (dianacenturionm)
Peña fue trasladado bajo estricta custodia militar y policial para prestar su declaración indagatoria ante la Fiscalía, en medio de escraches e incidentes ocurridos en su residencia en horas previas.
La investigación que pesa sobre el expresidente se enmarca en la grave crisis financiera desatada por la intervención y posterior proceso de resolución de Ueno Bank. El Ministerio Público, a través de la Resolución F.G.E. N.º 4474, dispuso la apertura de causas penales conducidas por un equipo especial de fiscales especializados.
Las figuras penales bajo las cuales se investiga al exmandatario incluyen lesión de confianza, administración en provecho propio y tráfico de influencias. Entre los ejes principales de la denuncia destacan el conflicto de intereses y vínculos patrimoniales por los lazos financieros previos de Peña con Ueno Holding, el desvío masivo de fondos públicos donde instituciones como el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú, Yacyretá y el Ministerio de Economía mudaron masivamente recursos a Ueno Bank, y las omisiones y encubrimiento del Banco Central ante informes técnicos que advertían sobre la fragilidad de la entidad.
Mientras en el interior de la sede fiscal se aguarda el desarrollo de la comparecencia, en las afueras la multitud mantiene un fuerte dispositivo de protesta. La Policía Nacional ha desplegado un vallado perimetral de seguridad para evitar enfrentamientos y garantizar el avance del proceso judicial.
Liz García, una de las afectadas expuso su situación, que se repite en otras personas.
