Ante los cuestionamientos políticos y la amenaza de un pedido de destitución impulsado por sectores de la oposición, el contralor general de la República, Camilo Benítez, defendió firmemente la labor del organismo a su cargo y afirmó que responderá con rigor técnico y documental a cualquier intento de enjuiciamiento en su contra.
La postura del titular de la CGR surge tras las críticas recibidas por el examen de correspondencia patrimonial realizado al ex presidente Santiago Peña, cuyo dictamen se dio a conocer sin detectar inconsistencias en su patrimonio.
En relación con los cuestionamientos sobre la construcción de la residencia del exmandatario en San Bernardino, Benítez explicó que las atribuciones institucionales se limitan estrictamente a verificar la trazabilidad formal de los fondos declarados, mediante facturas, cuentas bancarias, transferencias y declaraciones impositivas, y no a investigar el origen profundo o la licitud comercial de los créditos bancarios. El contralor aclaró que esa tarea de investigación penal sobre posibles operaciones de blanqueamiento o lavado de dinero corresponde de manera exclusiva al Ministerio Público, deslindando así las responsabilidades administrativas de las penales.
En el plano institucional y frente a los preparativos de libelos acusatorios por parte de parlamentarios de la oposición, Benítez adoptó una postura de total apertura y respeto hacia los mecanismos constitucionales, remarcando que cuenta con un sólido respaldo documental y un historial de auditorías públicas para sostener su desempeño. Finalmente, ratificó su plena disposición para comparecer ante el Congreso Nacional las veces que sea necesario para rendir cuentas sobre las actuaciones de la Contraloría en los diferentes procesos de fiscalización estatal.
