El Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, bajo la magistratura del juez Humberto René Otazú Fernández, dispuso la prohibición de innovar, la prohibición de contratar y el embargo preventivo sobre un total de ocho inmuebles ubicados en el distrito de San Bernardino, en el marco de la Causa N° 92/2026 caratulada «Santiago Peña Palacios y otros s/ Lesión de confianza y otros».
Esta determinación judicial responde a un requerimiento fiscal presentado por los agentes Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez. Las propiedades afectadas totalizan la suma de Gs. 3.608.550.782,201, con un valor individual de Gs. 451.068.847.775,125 por cada inmueble registrado. Si bien los bienes figuran formalmente a nombre de José Luis Modica Alsina, la Fiscalía subrayó que, a partir del allanamiento realizado en la denominada «Mansión Sanber», se determina con claridad que el propietario real es el imputado Santiago Peña Palacios. Según los antecedentes expuestos en la investigación, el expediente gira en torno a un esquema de operaciones del Banco Ueno Bank S.A., entidad que habría recibido depósitos de instituciones públicas y previsionales mientras otorgaba créditos de manera irregular a firmas vinculadas a su propio grupo económico.
Dicho esquema se habría instrumentado mediante la cooperación directa del entonces presidente de la República, Santiago Peña Palacios, quien presuntamente utilizó su cargo institucional para orientar la colocación de recursos del Estado hacia una entidad con la que mantenía intereses y beneficios económicos. Ante la gravedad de los hechos punibles investigados, la elevada magnitud del perjuicio patrimonial y el riesgo de maniobras de ocultamiento o enajenación de bienes, el juzgado resolvió aplicar las medidas cautelares de carácter real basándose en la normativa procesal civil y penal vigente. Finalmente, el juzgado ordenó la inscripción de las restricciones en los registros públicos correspondientes, el libramiento de los oficios de rigor y el registro formal de la resolución en el gestor documental del Poder Judicial.
