Un dispositivo de rastreo que debía garantizar el control judicial terminó convirtiéndose en la prueba delatora de un crimen. Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 28 años, alias “Chule”, portaba una tobillera electrónica con señal GPS que lo posicionó de forma exacta en cada una de las escenas del violento ataque contra dos jóvenes en Eusebio Ayala.
El cruento suceso ocurrió a las 05:20 del lunes 28 de septiembre de 2026, jornada festiva, en las cercanías del cementerio municipal de la citada localidad del departamento de Cordillera. En el sitio se consumó el homicidio de Rebeca Martínez Aricayé, de 28 años, y el intento de homicidio en perjuicio de Carolina Raquel Aguilar, de 32 años.
La agente fiscal Norma Concepción Salinas Daiub formalizó la imputación del caso. En la investigación se señala como autor moral de la agresión a Junior Ramón Delvalle Almeida, de 30 años, conocido bajo los apodos de “Junior Peluquero” o “Polaco”, mientras que Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo figura como uno de los autores materiales. Un tercer implicado, aún no identificado pero registrado con un quepis azul, acompañaba a ambos sospechosos durante una fiesta de jineteada previa al ataque, evento en el que también se encontraban las víctimas.
La historia penal de “Chule” revela antecedentes de peso. Había sido detenido el 7 de octubre de 2025 en Ciudad del Este tras ser vinculado al robo de vehículos y señalado como integrante de la banda “Flipper”, dedicada al apoderamiento ilícito de camionetas Toyota Fortuner, época en la que ya sumaba ocho órdenes de captura. Pese a ello, el 24 de octubre de 2025 obtuvo la libertad ambulatoria mediante resolución del juez Yoan Paul López Samudio, con la única limitación de no aproximarse a menos de 300 metros de las franja fronterizas del país, complementada con el uso de la tobillera electrónica.
El monitoreo técnico del GPS fue determinante. El sistema de la Policía Nacional permitió reconstruir todo el trayecto de Rodríguez Merlo: lo ubicó en el evento festivo de jineteada, en el punto exacto donde las víctimas sufrieron la colisión vial y posterior rapto, y finalmente en el sector del cementerio municipal donde fueron abandonados los cuerpos.
Al verse acorralado por la divulgación de las imágenes del festejo y la posterior imputación fiscal, el sospechoso reaccionó inutilizando la tecnología de control. A las 10:15 del jueves 1 de octubre de 2026, Rodríguez Merlo cortó la correa del dispositivo en la zona de Ypacaraí y se dio a la fuga. Actualmente, tanto él como Junior Ramón Delvalle Almeida permanecen prófugos de la justicia.
