El juez penal de garantías especializado contra el crimen organizado, Osmar David Legal Troche, decretó la prisión preventiva por el plazo de quince días para Aldo Javier Rodríguez González, quien se desempeñaba como gerente y director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP).
La medida fue adoptada en el marco de la causa investigada por la supuesta comisión de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en el acta de imputación, el funcionario habría tenido una intervención directa en la presunta alteración y tramitación de un informe oficial remitido a la Cámara de Senadores mediante la Nota BCP/P N.° 016, de fecha 7 de octubre de 2026. El documento fiscal sostiene que dicha respuesta omitió deliberadamente los fundamentos técnicos originarios de la Superintendencia de Bancos respecto a la situación financiera de Ueno Bank S.A., lo que presuntamente encubrió un estado de insolvencia y permitió la captación masiva de depósitos y fondos públicos y previsionales por sumas millonarias antes de que se declarara la resolución de la entidad bancaria.
Durante la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo este 17 de noviembre de 2026, la defensa técnica del imputado solicitó el rechazo de la prisión preventiva y ofreció medidas alternativas como el arresto domiciliario, la utilización de una tobillera electrónica y una caución real compuesta por diversos bienes inmuebles. Los representantes legales argumentaron que Rodríguez cuenta con una trayectoria de más de treinta y siete años en la institución, carece de antecedentes penales y se presentó voluntariamente ante las autoridades policiales para someterse a la justicia.
Asimismo, objetaron que el requerimiento fiscal carece de precisión sobre los actos específicos cometidos.
En contrapartida, el Ministerio Público fundamentó su pedido de privación de libertad basándose en la gravedad de los hechos punibles, la expectativa de pena y la existencia de peligros procesales, señalando que aún restan diligencias investigativas cruciales, testimonios y la obtención de documentación institucional que podrían verse afectados si el imputado conserva su libertad. Tras analizar los presupuestos legales, el magistrado resolvió dictar la medida cautelar de carácter excepcional, disponiendo que el procesado guarde reclusión en la Agrupación Especializada, en tanto prosigue la investigación preparatoria que tiene como fecha límite para el requerimiento conclusivo el 16 de mayo de 2027.



