El fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Ramón Rolón Fernández, presentó formalmente su renuncia al cargo que ejercía desde el año 2023, dirigiéndose al Poder Ejecutivo a través de una nota oficial ingresada en la mesa de entrada de la Presidencia de la República.
La dimisión se produce en el marco del proceso de juicio político procedimentalmente instalado por la Cámara de Diputados, fundamentado en el artículo 225 de la Constitución Nacional por presunto mal desempeño de funciones y la comisión de delitos en el ejercicio del cargo.
Entre las principales causales que impulsaron el libelo acusatorio por parte de los legisladores se encuentran la cuestionada conducción de la institución y la inacción ante escándalos financieros de alto impacto, como el caso Ueno Bank —que dejó un millonario perjuicio al Estado y donde la propia Fiscalía admitió haber omitido la incautación de evidencias clave—, la demora de siete meses en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el expresidente Santiago Peña, además de denuncias sobre supuesta censura fiscal y deficiencias en el Laboratorio Forense. La dimisión del titular del Ministerio Público fue remitida ante el Poder Ejecutivo al argumentar falta de claridad en el artículo 269 de la Constitución Nacional respecto al procedimiento de salida, en momentos en que diversas bancadas legislativas y gremios como el Colegio de Abogados del Paraguay exigían su apartamiento definitivo por la profunda crisis institucional.



