FISCALÍA GENERAL RESPONDE A CUESTIONAMIENTOS Y EXPOSICIÓN DE ACTUACIONES EN CASOS DE IMPACTO NACIONAL

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El Ministerio Público emitió un pronunciamiento institucional para detallar sus actuaciones ante los cuestionamientos públicos por las investigaciones penales sobre la crisis financiera de Ueno Bank y la causa denominada «Sobres del Poder».

La institución enfatizó que su labor se rige bajo los principios de objetividad, legalidad e independencia, sin subordinarse a intereses políticos ni presiones sectoriales.

En lo que respecta al caso «Sobres del Poder», la Fiscalía aclaró que las decisiones adoptadas consideraron los dictámenes técnicos de organismos especializados. El Banco Central del Paraguay y la SEPRELAD no reportaron indicadores de lavado de activos en los análisis preliminares remitidos. Por su parte, la Contraloria General de la República (CGR) entregó en mayo de 2026 los resultados de la verificación patrimonial practicada al entonces presidente Peña, concluyendo la ausencia de irregularidades. El organismo fiscal precisó que la falta de prosecución de esa línea específica obedeció a la falta de elementos probatorios objetivos al momento de la evaluación. No obstante, ante el reciente anuncio de la CGR sobre la ampliación del universo temporal y patrimonial examinado, el Ministerio Público evaluará la reapertura o ejecución de nuevas diligencias si surgen nuevos antecedentes. Asimismo, se confirmó que la señora Luz Candado ingresó al Programa de Protección a Testigos por razones de seguridad.

Sobre la causa Ueno Bank, la Fiscalía detalló una intervención inmediata iniciada el martes 3 de noviembre de 2026 tras la recepción de la denuncia. Ese mismo día se conformó un equipo especializado de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción y se ordenó la detención de ocho directivos de la entidad bancaria, extendiendo luego las diligencias a diecinueve representantes de empresas vinculadas. Al día siguiente, 4 de noviembre, la representación fiscal formuló imputaciones contra 27 personas y solicitó medidas cautelares.

En la causa penal n.º 92/2026, iniciada el 5 de noviembre por la Resolución FGE n.º 4474 para investigar la supervisión, resolución y colocación de fondos públicos en Ueno Bank, se conformó un equipo de cuatro agentes fiscales. Tras la culminación del Juicio Político y la destitución del mandatario Santiago Peña el 6 de noviembre, se ejecutó su detención procesal, así como la intervención respecto al entonces titular del BCP, Carlos Carvallo. Las imputaciones y pedidos de medidas cautelares contra ambos se presentaron el 7 de noviembre. A la fecha, la causa alcanza a 34 personas imputadas de forma provisoria, incluyendo a miembros del Directorio del BCP, el superintendente de Bancos y otros funcionarios.

Durante los operativos derivados del caso ueno, los equipos fiscales realizaron 35 allanamientos, incluyendo el procedimiento en la residencia de Miguel Vázquez. Las diligencias patrimoniales permitieron la incautación de 27 vehículos de alta gama, tres avionetas y dos embarcaciones, con un valor preliminar estimado en 619 millones de dólares estadounidenses sujeto a tasación oficial. Adicionalmente, se activó la Notificación Plateada de INTERPOL y mecanismos de cooperación internacional con el Departamento de Justicia de EE. UU., la Fiscalía General de Argentina, autoridades de Luxemburgo, Brasil, la AIAMP y la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT para la localización de bienes en el exterior.

Finalmente, el Ministerio Público expuso las limitaciones presupuestarias que afectan la infraestructura del Laboratorio Forense y anunció la recuperación de un inmueble en el barrio Sajonia de Asunción para la instalación de un centro de referencia nacional, sumado al proyecto de una segunda sede en Encarnación. La Fiscalía General concluyó reafirmando que las investigaciones continuarán sin privilegios ni excepciones, garantizando la persecución penal.

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