Ante la profunda crisis que atraviesa el Ministerio Público y los reiterados cuestionamientos a la gestión de su titular, Emiliano Rolón Fernández, el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) emitió un duro comunicado en el que solicita formalmente que evalúe su continuidad en el cargo y presente su renuncia como un gesto de responsabilidad republicana.
La institución advierte que la pérdida de confianza pública y el deterioro de la credibilidad institucional hacen imperativo dar un paso al costado para evitar que la situación comprometa aún más la legitimidad del sistema de justicia. El pronunciamiento se da a conocer tras el anuncio de la presentación de un libelo acusatorio para promover un juicio político, en un escenario marcado por cuestionamientos a investigaciones de gran trascendencia, demoras en diligencias decisivas, supuestos tratos diferenciados y decisiones sobre traslados de agentes fiscales en causas sensibles sin explicaciones satisfactorias.
Desde el gremio recordaron que la autonomía constitucional del Ministerio Público no exime a sus autoridades de rendir cuentas ni de garantizar una gestión eficaz, transparente y comprometida con la igualdad ante la ley. No obstante, el Colegio de Abogados aclaró que su postura no busca prejuzgar la veracidad de las imputaciones ni sustituir los procedimientos constitucionales, exigiendo que toda responsabilidad se determine con pruebas y respeto al debido proceso, además de reclamar el esclarecimiento de denuncias sobre eventuales interferencias e irregularidades internas.
Asimismo, la nucleación de abogados expresó su respaldo a aquellos agentes fiscales que cumplen su labor con independencia y profesionalismo en condiciones adversas, y advirtió que, en caso de producirse una sucesión anticipada en el cargo, deberá respetarse estrictamente lo dispuesto en el artículo 51 de la ley orgánica de la institución, evitando fórmulas antojadizas para la designación de autoridades.



