En un tenso escenario institucional atravesado por derivaciones judiciales y carpetas de alto impacto vinculadas al caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmand Lara Montaño, emitió este 2 de octubre de 2026 un comunicado oficial de carácter urgente desde Madrid, donde asegura temer por su integridad física y denuncia un presunto plan para aprehenderlo mediante pruebas falsas.
La autoridad nacional aseveró haber recibido advertencias directas del entorno del Órgano Ejecutivo dirigidas a amedrentarlo por sus posturas en defensa de la Constitución Política del Estado y los principios democráticos. Según la información proporcionada por efectivos de la Policía Boliviana que se contactaron para alertarle, el coronel Marcelo Ferrufino, jefe de Inteligencia de la institución del orden, estaría articulando un caso fraguado para concretar su detención ilegal.
El segundo mandatario advirtió que la maniobra respondería a un montaje estrictamente político destinado a silenciarlo mediante la siembra de evidencia falsa sobre ilícitos que rechazó categóricamente haber cometido. Ante este panorama, Lara deslindó cualquier responsabilidad penal, responsabilizando de manera directa al Gobierno y a los ejecutores de dichas disposiciones por su seguridad, la de su familia y cualquier atentado contra su libertad personal.
Frente a la gravedad de los señalamientos, el Vicepresidente solicitó la intervención inmediata y la vigilia permanente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Ministerio Público, organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, así como de la comunidad internacional, enfatizando en su mensaje final que el país requiere con urgencia diálogo e institucionalidad en lugar de persecución política y montajes.
Este alarmante pronunciamiento se produce en medio de las persistentes réplicas políticas y judiciales que sacuden al país tras el arresto y extradición del capo del narcotráfico Sebastián Marset. El uruguayo, capturado en marzo de 2026 en Bolivia tras permanecer prófugo desde su huida en Santa Cruz durante 2023, declaró en su momento haber recibido protección y alertas de altas autoridades para escapar, un escándalo internacional que derivó en recientes aprehensiones e investigaciones a fiscales, jueces y exministros implicados en redes de encubrimiento y corrupción.
