Los agentes fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez formularon la imputación formal y solicitaron la prisión preventiva, junto con el embargo e inhibición general de bienes, contra el destituido expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.
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La causa penal N.º 92/2026 los investiga por lesión de confianza en calidad de instigador para Peña y autor para Carvallo, administración en provecho propio para ambos, y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso atribuidos al extitular de la banca matriz, tras una denuncia presentada por un grupo de parlamentarios.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que entre los años 2023 y 2026, UENO BANK S.A. captó masivamente fondos públicos y previsionales que alcanzaron aproximadamente G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495. Estas colocaciones provenían de instituciones estatales clave como el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados de la ANDE, la Caja Bancaria y CAJUBI. Dicha concentración de recursos se produjo mientras la entidad otorgaba créditos millonarios e irregulares a empresas vinculadas a su propio grupo económico, superando holgadamente los límites regulatorios permitidos por la Superintendencia de Bancos.
El acta fiscal detalla que Peña conservó la titularidad del 1,58% de las acciones de UENO Holding S.A.E.C.A. (6.144 acciones valoradas en G. 6.144 millones), además de certificados de depósitos de ahorro por G. 2.400 millones en UENO BANK y bonos en ITTI S.A.E.C.A. por G. 350 millones durante el ejercicio de la Presidencia de la República. Asimismo, la investigación señala que el exmandatario mantuvo reuniones bilaterales en el despacho presidencial con el titular del IPS previas a la aprobación de la compra de bonos de la entidad bancaria por G. 250.000 millones. Adicionalmente, el documento recoge el hallazgo reportado por personal doméstico en la residencia oficial de dos paquetes de dinero en efectivo no bancarizado por un monto aproximado de USD 200.000.
Por su parte, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding asumió la presidencia del BCP inmediatamente después de haber presidio Financiera Ueno, omitiendo excusarse de las decisiones administrativas que involucraban a la entidad financiera. Según la imputación, el exfuncionario omitió activar los mecanismos legales de regularización y suspensión preventiva de operaciones pese a contar con reiteradas alertas técnicas sobre el déficit patrimonial y excesos de límites de exposición del banco. Carvallo habría avalado una venta simulada de cartera por USD 74,4 millones a la firma Vinanzas S.A. —financada indirectamente con préstamos del propio Ueno Bank— y remitido una nota al Senado con datos falsos, permitiendo que la entidad realizara campañas agresivas de captación de ahorros hasta la resolución forzosa del banco dictada el 2 de noviembre de 2026 tras constatar que su solvencia cayó por debajo del 50% legal requerido.
