Itaipú Binacional presentó una formal denuncia penal ante la Unidad Especializada Anticorrupción y de Delitos Económicos del Ministerio Público, a través de sus representantes legales, el abogado Oscar Adolfo Bogado Rolón y la Directora Jurídica Ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, para solicitar además su incorporación a una causa conexa ya abierta.

La binacional interviene en calidad de víctima debido a la afectación directa de los fondos que mantenía depositados en Ueno Bank S.A., así como por la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipu Paraguay (FPTI-PY) y destinados a proyectos específicos convenidos. El escrito detalla que la entidad es titular de las cuentas bancarias afectadas y, en el caso de la fundación, su legitimación se sostiene tanto en el origen de los recursos y su condición de instituyente como en la repercusión patrimonial que genera la indisponibilidad de los fondos.
Los hechos puestos en conocimiento de la fiscalía podrían ser subsumidos en los tipos penales de estafa, lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y violación del deber de llevar libros de comercio, conforme a los artículos del Código Penal. La acción judicial apunta inicialmente contra los directores, administradores y síndicos de la entidad bancaria ya individualizados en el acta de imputación del pasado 4 de noviembre de 2026, específicamente Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale y Julio Daniel Rey Fernández, sin perjuicio de incluir a otras personas físicas o jurídicas que resulten investigadas.
Asimismo, la representación legal solicitó que la denuncia sea tramitada en conexión con la Causa Número 89 de 2026, caratulada «Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros», con el fin de evitar duplicidad de actuaciones y resguardar los derechos de la binacional.
Finalmente, la institución dejó expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil para el resarcimiento de los daños y ampliar los términos de la denuncia una vez que accedan a las pericias contables y a la documentación bancaria y regulatoria correspondiente.


