Funcionarios de la SENAD y de DINAVISA fueron expuestos en juicio por exigir una coima de USD 10.000 (reducida luego a G. 50 millones) a un comercio en Curuguaty, simulando una falta de reinscripción anual pese a tener los permisos al día
Por Diana Centurión (dianacenturionm)
Durante el testimonio pericial se constató que la firma afectada, Quimic Brillo, contaba con los trámites de apertura y constancias de inscripción vigentes al momento de la supuesta intervención irregular.
La investigación apunta a los agentes especiales Gabriel Macen Pérez, Andrea Elizabet Solís Legal, Violeta Soledad Sotelo Ugarte y a la jefa regional de DINAVISA en Canindeyú, Dolly Raquel Núñez.
La fiscal Belinda Bobadilla expuso extracciones bancarias en el Banco Visión por G. 12 millones —complementadas con aportes de familiares— y registros de circuito cerrado de la entrega de dinero en vehículos de los funcionarios.
El análisis pericial reveló el uso de teléfonos corporativos y líneas alternas no registradas para coordinar las exigencias económicas y asegurar la extorsión a cambio de supuesta impunidad.
El exagente de la Senad Gabriel Macen Pérez afronta una imputación por presuntamente extorsionar y exigir una coima de 10.000 dólares al propietario de una farmacia en Curuguaty.
El abogado Juan Argaña, acompañado por su colega el Abog. Roque Cabrera, brindó breves declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial y los puntos clave abordados durante la audiencia de la causa.
